Paulo Villalobos
El caso de Juan Carlos Bolaños y los supuestos favorecimientos que recibió en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) llegó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Este martes, el órgano jurisdiccional confirmó mediante el Departamento de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, que programó una audiencia preliminar para el 28 de febrero de 2020.
En ella se estudiarán cinco “requerimientos conclusivos” tramitados por la Fiscalía General de la República para el caso que se tramita bajo el expediente 17-000082-1218-PE, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público.
La investigación refiere a supuestas maniobras que realizaron los exdiputados Víctor Hugo Víquez y Wálter Céspedes, así como el exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres, y el exencargado de Proveeduría Institucional de la CNE, Guido Marín; para que las empresas de Bolaños, Sinocem Costa Rica S.A. y Alquiler de Maquinaria S.A. se beneficiaran con tres contratos.
De las gestiones de la Fiscalía General, solo una corresponde a una acusación y solicitud de apertura de juicio. Pero – sin especificar detalles – el Ministerio Público se reservó la identidad de la persona a la que se le atribuye un aparente tráfico de influencias.
Amparándose en el artículo 295 del Código Procesal Penal sobre la confidencialidad de la investigación, el Ministerio Público no señaló cuál de los involucrados es el acusado ni especificó qué otras peticiones se plantearon.
“No obstante, debido a que el expediente sigue en una etapa que es privada, no es posible brindar las identidades de las personas que corresponden a cada resolución de la Fiscalía, ya que esto se dará a conocer durante la audiencia preliminar”, dice la respuesta.
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Primeros descartes
Mariano Figueres fue uno de los hombres con más poder en la administración de Luis Guillermo Solís. (Presidencia)
Es importante mencionar que Mariano Figueres y Guido Marín ya fallecieron. El exjerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) murió el 25 de setiembre de 2019. Mientras que Marín falleció el 11 de enero, el sábado pasado.
Lo que corresponde con sus casos es que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de los casos en su contra, de acuerdo con el artículo 30 del Código Procesal Penal.
El defensor de Juan Carlos Bolaños, Fernando Vargas, dijo a El Observador que consultó al respecto al Juzgado Penal de Hacienda. Aseguró que este martes, le indicaron que a su cliente no se le acusó; por lo que no fueron informados de la vista judicial.
El abogado dijo haber conversado con Céspedes y aseguró que este le manifestó una preocupación, porque había sido contactado por varios medios de comunicación, pero que él no había sido notificado sobre la acusación o la audiencia.
Este medio llamó al celular y a la oficina del exlegislador en busca de una reacción, pero su despacho indicó que respondería por escrito en horas de la noche, después de una reunión. Al cierre de esta publicación no se logró obtener un comentario del también candidato a la Alcaldía de Matina por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Por su parte, Víquez – quien se encuentra fuera del país – explicó a este medio en un mensaje que no se referiría al caso por recomendación de su representante Adriana Ulloa; cuyo nombre, a su vez, no registra en el sistema de agremiados del Colegio de Abogados.
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Grandes contratos
Víctor Hugo Víquez y Wálter Céspedes fueron diputados por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), respectivamente, en el periodo 2010-2014. (Alonso Solano/El Observador)
Durante más de dos años, la Fiscalía General investigó presuntas mediaciones para que a Sinocem Costa Rica S.A. y Alquiler de Maquinaria S.A, de las que es apoderado Juan Carlos Bolaños, les fueran adjudicados tres proyectos:
- carretera entre Bribrí y Sixaola, en Talamanca, Limón
- vía entre Ciudad Colón y el Rodeo, en Mora, San José
- dique de Nosara, en Nicoya, Guanacaste
Así lo había dado a conocer el 21 de diciembre de 2017 la fiscala general, Emilia Navas.
Ese día, el Ministerio Público dirigió tres allanamientos para recabar prueba que se añadiera a la causa ahora acusada.
Las diligencias ejecutadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se llevaron a cabo en la casa de los excongresistas Víquez, en Heredia, y Céspedes en Limón. De igual manera, ingresaron en la Proveeduría, Auditoría interna y la secretaria de la Presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias en San José.
Alrededor de Juan Carlos Bolaños giran múltiples investigaciones por el caso mediáticamente conocido como cementazo sobre la importación del cemento chino. No obstante, la acusación a la que se refiere esta noticia no está vinculada con esa otra pesquisa.
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Paulo Villalobos
