El nuevo año está a punto de iniciar y desde ya, los legisladores tienen una agenda pendiente de trabajo, con proyectos de ley polémicos por votar en el 2020. Las iniciativas para regular usura, contratación administrativa, huelgas y empleo público forman parte del panorama más urgente.
Esos textos forman parte de la lista indicada por congresistas, como pendientes de discutir y votar durante el año que iniciará en poco más de cinco días.
Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, reconoció que su iniciativa para dar seguridad jurídica a las huelgas será fundamental para el 2020.
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En esta misma línea, su compañera Silvia Hernández – jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) – también enfatizó sobre la importancia de aprobar la reforma integral a la ley de contratación administrativa y usura.
Hernández agregó que el próximo año se tocarán temas vistos desde comisiones legislativas donde se investigaron los siguientes temas:
- el financiamiento de las campañas políticas del Partido Acción Ciudadana durante 2002, 2006 y 2010
- la administración del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
- y la no aplicación de la reforma fiscal por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tras un acuerdo con sindicatos del sector salud
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Piden reactivación económica para extraordinarias
Hasta el 30 de abril, el Congreso estará bajo el mando del Poder Ejecutivo debido a las sesiones extraordinarias.
En este período, Casa Presidencial convoca proyectos de ley para ser discutidos en comisiones y Plenario. Si no forman parte de la convocatoria, la iniciativa queda congelada hasta el 1 de mayo, cuando ya se retoman las sesiones ordinarias.
María Inés Solís, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), espera que Zapote convoque proyectos de calidad para su avance. A su criterio, quedan pendientes planes para la reactivación económica y la generación de empleo.
Desde la bancada oficialista, Nielsen Pérez aseguró que para los primeros meses, el Ejecutivo enviará a la Asamblea el empréstito para el Tren Rápido de Pasajeros por $550 millones, así como el nuevo texto de empleo público.
A la lista suma los proyectos para
- la regulación de las comisiones en datáfonos
- la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- y el cierre de votaciones relacionadas con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Como requisito, aún hay un texto pendiente de aprobación, el de seguro de depósitos, aunque quedan otros en discusión sin ser necesarios para el aval de ingreso a OCDE.
Los diputados volverán a sus funciones hasta el 13 de enero, una semana después de que lo harán el Gobierno central y los empleados administrativos de la Asamblea Legislativa.
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