Paula Ruiz
Las universidades públicas, a través del Consejo Nacional de Rectores (Conare), se oponen a formar parte de la Ley Marco de Empleo Público que se pretende y que implicaría un salario único para funcionarios públicos.
Así lo detalló Luis Paulino Méndez, presidente del Conare, ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se discute la propuesta de ley 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.
Según Méndez, un salario único podría ser peligroso pues podría conllevar a desmotivar a nuevos docentes y, así, tener una repercusión en la calidad de la educación universitaria.
“(El salario único) Podría generar topes salariales que desmotiven a los profesionales a participar como colaboradores del Estado. Esto no es nuevo, en ochentas y noventas ocurrió a menudo que costaba mantener a los profesores dando clases, preferían irse a empresa privada y no queremos que eso vuelva ocurrir. Hubo después una etapa de recuperación de salarios de profesores en 2003 y 2004, se estabilizan y ahorita venimos con contracción”, dijo.
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El jerarca defendió que con la aplicación de la Ley de las Finanzas Públicas en materia salarial universitaria, ya hay una contracción de pluses que podría implicar dentro de 10 ó 15 años llegar a salarios poco competitivos.
“De hecho tenemos que ir pensando en una nueva estructura salarial que compense”, señaló.
Sobre los aumentos salariales de docentes universitarios, Méndez señaló a la inflación de años anteriores como el principal factor de repunte de las remuneraciones.
El informe final de la Comisión Legislativa especial que estudió el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), detalló las remuneraciones en universidades públicas.
En el documento se indica que con base en la revisión de salarios reportados en las cinco universidades estatales entre agosto de 2018 y julio de 2019, se concluyó lo siguiente con respecto a las remuneraciones de ciertos grupos de empleados:
- más de ¢9 millones: 1 persona
- ¢8 a ¢9 millones: 4 funcionarios
- ¢7 a ¢8 millones: 15 empleados
- ¢6 a ¢7 millones: 32 casos
- ¢5 a ¢6 millones: 111 trabajadores universitarios
- ¢2 a ¢5 millones: 3.354 funcionarios
- de los 100 salarios más altos, 90 están en la Universidad de Costa Rica (UCR), cinco en la UNA, cuatro en la Universidad Técnica Nacional (UTN) y una en el Instituto Tecnológico (TEC).
Luis Paulino Méndez, jerarca del Conare. Foto: Cortesía Conare.
“Roces constitucionales”, dicen las ‘U’ públicas
El representante del sector universitario abogó porque el proyecto de Empleo Público roza con el artículo 84 de la Constitución Política relacionado con la autonomía universitaria.
“Desde el punto de vista de autonomía sí encontramos que el proyecto enfrenta el artículo 84 de la Constitución Política al incluir a universidades en alcance y cobertura, de ahí que estimamos razonable que el proyecto siga adelante, se revise si se incluye a universidades o no, porque al incluirlas se violenta el constitucional”, defendió el presidente de Conare.
“En tanto la Constitución esté vigente consideramos que no debemos estar en la lista taxativa de instituciones que están en el alcande de este proyecto de ley”, amplió el jerarca.
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Dentro de los aspectos que rozarían la Carta Magna, guardan relación con que el proyecto de ley busca darle al Ministerio de Planificación la potestad de reclutamiento, lo cual incluiría a docentes, rectores y vicerrectorías. A criterio de los jerarcas universitarios, eso implicaría violentar la Constitución en tanto se otorga la potestad de autoregulación.
“El profesor lo vamos haciendo en el tiempo nos pasamos apoyándolo con cursos de pedagogía, capacitación, formación, es un proceso continuo y lo que contratamos es una joya sin pulir y aquí la vamos puliendo y nos preocupa la injerencia de Mideplan que nos impida tener la materia prima que ocupamos”, destacó Méndez.
Otra objeción con la iniciativa tiene que ver con que se busca el despido de funcionarios públicos con dos notas seguidas por abajo de 70.
El rector universitario manifestó que ese tipo de evaluación no está acorde con el funcionamiento de las casas de enseñanza superior, al dar como ejemplo aquellos académicos encargados de la investigación, cuya evaluación será hasta culminar el proyecto y por tanto, no podrían garantizarse evaluaciones mensuales, semestrales o anuales.
Las universidades públicas propusieron a Mideplan un régimen especial, que incluyera las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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