Tomás Gómez
Los cuestionamientos por la información que el Poder Ejecutivo intentó obtener para su “unidad de datos” siguen incrementándose y ahora el turno es de los beneficiarios de ayudas sociales.
El Observador tuvo acceso al oficio DM-800-2018, donde el Ministerio de la Presidencia, entonces encabezado por Rodolfo Piza, solicitó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) un acceso total al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
La carta de Piza pedía al IMAS valorar un convenio “que permita a la Presidencia contar con un usuario a la base total de datos del Sinirube con los permisos para realizar diferentes tipos de consultas e importación de datos con el fin de realizar análisis masivo de esta base”.
Aunque los cuestionamientos contra el manejo de datos por parte del Gobierno se dispararon la semana anterior con la entrada en vigencia del decreto que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la ministra de Comunicación, Nancy Marín, admitió que la labor se desarrollaba desde hace año y medio.
OBSERVE MÁS: UPAD intentó acceder datos confidenciales sobre deudas de los costarricenses
El Sinirube es una plataforma que debe integrar los datos de todos los ciudadanos de bajos recursos, que reciben ayudas sociales públicas. Desde diciembre del 2013 se aprobó la Ley para su creación.
Carlos Alvarado, siendo ministro en la administración de Luis Guillermo Solís, impulsó el Sistema con oficina y funcionarios. El lanzamiento se hizo en noviembre del 2017. Aún a finales del 2018, habían instituciones pendientes de sumarse al Sistema.
Y en octubre del 2019, el Poder Ejecutivo realizó nuevos cambios e instrucciones para completar el proceso, para finalmente lanzar la versión más completa del Sinirube que funciona hoy.
OBSERVE MÁS: Aunque Presidencia congeló trabajo de datos, seguirá pagando planilla de ¢4 millones por asesores
Manejo cuestionable de datos
En medio de la crisis política que afecta al Gobierno por la creación y operación de la UPAD, la prensa ha expuesto diversos intentos de Casa Presidencial por el acceso a información sensible.
El fin de semana anterior, El Observador dio a conocer que en medio de la campaña de elecciones municipales, el asesor Alejandro Madrigal había trabajado datos relacionados al apoyo electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC), iglesias evangélicas, apoyo a huelgas y asistencia a clases de sexualidad.
OBSERVE MÁS: Asesor de Carlos Alvarado analizó datos electorales, de iglesias evangélicas, huelgas y sexualidad, entre otros
Este viernes, también este medio develó que Madrigal sugirió a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) un convenio para poder acceder al Centro de Información Crediticia (CIC), con registros personales sobre deudas. El superintendente Bernardo Alfaro calificó la petición como “totalmente improcedente”.
A eso se sumó la publicación de Diario Extra por la solicitud de datos de Registro Civil hecha al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la de CRHoy, donde se mostró la petición de información de planillas a la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual fue rechazada.
OBSERVE MÁS: Gobierno falseó criterio técnico de Ministerio para crear unidad de datos
Sacudidas e investigaciones
Desde las primeras vinculaciones con el caso de la UPAD, el exministro Rodolfo Piza alegó no tener relación con el tema, el cual se institucionalizó tras su salida de Zapote.
Según Piza su labor fue solo pedir la creación del ente al Ministerio de Planificación, a petición del equipo de datos de Casa Presidencial.
“Yo no idee la UPAD ni renuncié por ella”, dijo el socialcristiano.
La solicitud fue rechazada, pero aún así se firmó el decreto de creación con el apoyo del mandatario Carlos Alvarado, el nuevo ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
OBSERVE MÁS: Presidente Alvarado califica la UPAD como una “torpeza política”; asegura que Fiscalía esclarecerá el objetivo
Por ese hecho la Fiscalía allana este viernes Casa Presidencial, el Mideplan y cuatro residencias particulares.
Según el Ministerio Público se investigan los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales por parte de los firmantes del decreto:
- los asesores de datos Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos
- el asesor jurídico Luis Salazar
- y la jefa del despacho presidencial, Felly Salas
El tema también es estudiado por la Defensoría de los Habitantes, la Agencia de Protección de Datos (Prodhab) y la Asamblea Legislativa.
OBSERVE MÁS: Fiscalía tomó computadoras y teléfonos de asesores presidenciales de datos, según abogado defensor
