Manuel Sancho
Ocho años después de que estallara uno de los más grandes escándalos de corrupción, durante la administración de Laura Chinchilla (2014-18), el caso de la Trocha irá a juicio. Pero lo hará con la mitad de los imputados.
El Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José confirmó que se ordenó el auto de apertura a juicio. El Ministerio Público señaló que la mitad de los acusados originalmente pactó una medida alterna, para evitar un juicio.
Según señaló el Departamento de Prensa del Poder Judicial ahora corresponde esperar a que el Juzgado traslade el expediente al Tribunal Penal, el cual deberá continuar con el trámite del proceso y definir la fecha del juicio.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que la comunicación del Juzgado fue remitida al despacho el 29 de febrero anterior. El caso se sigue en el expediente 12-000053-0621-PE.
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La mitad de los imputados
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público detallaron que irán a juicio 13 personas de apellidos:
- Acosta Monge
- Serrano Alvarado
- Ramírez Marín
Estos son exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
- Mesén Vargas
- Agüero Gamboa
- Mora Barrantes
- Castillo Villalobos
- Baralis Crosetti
- Herra Alfaro
- Soto Campos
- Méndez Méndez
- Alvarado Víquez
- y Morera Fernández
De este grupo, hay individuos que simularon ser inspector del Consejo, empresarios y familiares de estos.
De forma opuesta no irán a juicio quienes estuvieron acusados previamente Montoya Rodríguez, Jiménez Alfaro, Arias Herrera, Soto López, Carranza Amores, Campos Cordero, Herrera Barrantes, Pérez Salas, Arias Quesada, Herrera Chacón, Mena Loaiza y Campos Vindas.
Esto porque se sometieron a una medida alterna, pero la Fiscalía no reveló cuál fue el arreglo, por ser audiencias orales y privadas. “Lo acordado no es de conocimiento público, ya que, además, son protegidas por el 295 del este Código, el cual protege la privacidad de las actuaciones”, respondió.
El juicio se realizará en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Millones en reclamos
El 30 de setiembre del 2019, luego de tres años de haberse presentado la acusación del Ministerio Público, inició la audiencia preliminar en el caso. La Procuraduría General de la República es parte del proceso, como actora civil en su condición de damnificado directo y como abogado del Estado y representante de la sociedad.
El ente procurador reclamó ¢965 millones como daño social. Según informó la entidad en ese momento, el monto estimado por el daño que sufrió la sociedad costarricense a raíz de los actos de corrupción, calculados con un peritaje de actuario matemático.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía las facturas con irregularidades que fueron cobradas ante el Conavi, suman un total de ¢1.234.435.437,11. Sin embargo solo fueron cancelados ¢639.378.285,50 por el Consejo.
“Es este monto el que se pretende sea resarcido por concepto de daño material”, detalló la Procuraduría en setiembre anterior.
En un inicio la Fiscalía acusó y solicitó que se realizara un juicio contra un total de 26 personas.
Años del escándalo
El caso de la trocha trascendió en el 2012, siendo el mayor cuestionamiento contra Laura Chinchilla y varios miembros de su gobierno, como el vicepresidente Luis Liberman y el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez.
La idea original era realizar una carretera en la Zona Norte, de más de 150 kilómetros. Chinchilla apuró el plan, tras decretar emergencia luego de que iniciara el conflicto fronterizo con Nicaragua.
Pero comenzaron a surgir los delitos cometidos alrededor de la trocha, conociéndose que empresas y funcionarios participaron juntos para presentar cobros por labores que nunca se hicieron.
El exministro Jiménez presentó una denuncia, pero fue separado del cargo. Chinchilla siempre defendió que fue su gobierno quien denunció los actos.
En marzo del 2012, dos meses antes de que estallara el caso, la mandataria viajó a la frontera a inaugurar una vía de tierra, llamada Juan Rafael Mora Porras.
Durante cinco años, el proceso penal avanzó poco, bajo la jerarquía de Jorge Chavarría en el Ministerio Público. Finalmente en enero del 2017 acusó a 26 personas, desde trabajadores del MOPT, hasta empresarios y sus familiares.
Se les señala por los delitos de peculado, cohecho propio, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales, entre otros.
Por aparte, otras 47 personas continuaron bajo investigación, bajo el expediente 17-5-1218-PE. Pero una vez revisada la prueba, la Fiscalía determinó que era insuficiente para redactar una acusación. En setiembre del 2018 solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de las 47 personas.
Entre las personas sobreseídas, es decir que según la prueba recopilada no cometieron un delito en la trocha, están Chinchilla, Liberman, Chavarría y otros exjerarcas. Desde el Conavi se fraguaron los actos de corrupción, según el juzgado.
Manuel Sancho
