Paulo Villalobos
El Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), valora investigar al alcalde de Puntarenas, Rándall Chavarría, luego de que resultara detenido este miércoles, como sospechoso de un delito de malversación de fondos.
De esa manera lo confirmó el presidente del órgano, Freddy Coto, ante la consulta de El Observador.
“Yo voy a esperar las noticias. Sobre todo tener documentación en la mano. Con base en eso se analizaría si se abre de oficio un procedimiento”, señaló.
El gobernador local, electo bajo la bandera rojiazul en 2016 y aspirante a retener el poder hasta 2024, pasó el miércoles bajo las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Esto como imputado por un aparente desvío de recursos de los festejos cantonales.
OBSERVADOR: Alcalde de Puntarenas detenido por aparente desvío irregular de fondos a Comisión de Fiestas
Su captura se dio en medio de uno de 11 allanamientos dirigidos por el Ministerio Público en el cantón puntarenense.
Uno de los puntos del operativo fue la sede del ayuntamiento, mientras que, los demás fueron las casas de quienes integraron en 2018 la Comisión de Fiestas de Puntarenas.
Por la tarde, a Chavarría se le tomó declaración indagatoria; al tiempo que el órgano acusador anunció que solicitaría medidas cautelares en su contra.
Sin embargo, en su comunicado, la Fiscalía no especificó cuáles disposiciones pediría; ya que primero debía realizarse una audiencia ante el Juzgado Penal de Puntarenas.
Posibles repercurciones
La apertura de la pesquisa contra Rándall Chavarría podría deparar en su suspensión o expulsión del Partido Unidad Social Cristiana.
Eso sí, para ello es necesario que primero exista una sentencia en firme.
Ambas medidas son contempladas como las “sanciones más graves” que la agrupación tiene contempladas en su normativa para militantes que falten a principios y valores morales, de acuerdo con el presidente del Tribunal de Ética, Freddy Coto.
No obstante, el representante socialcristiano destacó que no hay ninguna posibilidad de detener la candidatura de Chavarría.
“A nivel administrativo no es posible porque ya todos estos aspirantes quedaron inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Ahí la única posibilidad es un pronunciamiento de ellos”, manifestó Coto.
De seguido, añadió: “Nosotros no tenemos los instrumentos legales para detenerle la candidatura. Ya esos plazos están vencidos. Si estuviéramos antes de la inscripción, tal vez sí podría verse. Pero a estas alturas no cabe”.
El presidente del Tribunal de Ética recordó que el Estatuto de la Unidad, en su artículo 38, contempla la expulsión a partidarios que incurran en faltas.
Sin limitaciones
El director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo, Héctor Fernández, señaló a El Observador que no existe “un causal de impedimento” para aspirar a un puesto de elección popular, mientras se afronta un proceso judicial.
“No es tanto que sea una decisión de nosotros o no, sino que el legislador estableció una serie de requisitos para ser candidato, dentro de los cuales no está tener una hoja de delincuencia libre o no enfrentar ningún tipo de acción judicial. Se supone que son los ciudadanos que deben ponderar toda esta conducta de los candidatos al saber cuál es la persona idónea”, explicó.
Fernández resaltó que el artículo 16 del Código Municipal sí limita la aspiración a la alcaldía a quienes estén inhabilitados por sentencia judicial para ejercer cargos públicos.
El funcionario indicó que esto además aplica para órganos administrativos.
“Incluso, si es elegido a alcalde, o si estuviera ejerciendo el cargo de alcalde, y es sentenciado con una inhabilitación (…) eso constituye la causal para cancelarle la credencial, si es que resultara electo, pero no antes”, agregó.
De nuevo, para ello es necesario que se agoten todas las vías del proceso judicial: primera y segunda instancia, hasta casación.
Paulo Villalobos
