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Tras manifestación de alcaldes, diputados aprueban proyecto para excluir municipalidades de la regla fiscal

Tras la manifestación realizada esta mañana por un grupo de alcaldes, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de…

Por Paula Ruiz

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Tras manifestación de alcaldes, diputados aprueban proyecto para excluir municipalidades de la regla fiscal
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Tras la manifestación realizada esta mañana por un grupo de alcaldes, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 21.922 que excluye a las Municipalidades de la aplicación de la regla fiscal.

Aunque la iniciativa se circunscribe a la pandemia, los gobiernos locales desaplicarán esa regla fiscal todos los años.

Ese fue uno de los reclamos de Yorleny León, diputada liberacionista quien votó en contra de la iniciativa tanto en primer como en segundo debate.

Según León la desaplicación tuvo que haberse permitido solamente por un período determinado debido a la crisis que podrían enfrentar los ayuntamientos.

“Ser parte de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es estar dispuestos a regirnos con mejores prácticas con rigurosas mediciones, una de esas mejores prácticas es la regla fiscal, misma que está a las puertas de levantarse por la ley a un conjunto de Gobiernos Locales, es contradictorio, asumimos mejores prácticas pero por otro lado aprobamos modificaciones a la ley”, declaró León.

En esta misma línea, Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que esta iniciativa vendrá a “destruir el empleo”, al justificar las altas tasas de interés que generará, así como el cierre de negocios.

“Estamos minando la confianza para la inversión en los 82 cantones del país entonces se produce un ciclo vicioso, porque al haber menos inversión hay menos patentes y más déficit en municipalidades y la municipalidades tienen que endeudarse más y mientras más lo hagan suben las tasas de interés y menos inversión hay”, defendió.

La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto de todo el Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía (Producto Interno Bruto, PIB). De esta manera, el aumento del presupuesto nacional está «amarrado» al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635.

En su artículo 11 la Ley especifica: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”.

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Oídos sordos

Tanto el Banco Central de Costa Rica (BCCR) como la Contraloría General de la República (CGR), emitieron observaciones sobre esta iniciativa, denominada “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19”.

Según la directiva del Banco Central, el proyecto de ley carece de sustento técnico, es perjudicial para la sostenibilidad de las finanzas públicas y es contrario al deber de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

“Si bien el Banco Central apoya las acciones tendientes a mitigar los efectos macroeconómicos y sociales negativos asociados con la rápida propagación del COVID-19, en criterio de la junta directiva el proyecto de ley 21.922 no parece claramente orientado en esa dirección, y más bien tendría consecuencias macroeconómicas perjudiciales para el país”, señaló la entidad bancaria el 30 de abril, día en que se dio trámite en primer debate.

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El ente contralor reconoció que la desaplicación de la regla fiscal sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo.

Pese a los criterios de entes técnicos, los diputados ignoraron las observaciones y contó con 43 votos a favor y cinco en contra, lo cual conllevó a su aprobación definitiva.

Dentro de los legisladores que solicitaron el voto positivo están Patricia Villegas, jefa de fracción del Partido Integración Nacional (PIN) y José María Villalta del Frente Amplio.

Los votos en contra fueron de los liberacionistas Jorge Fonseca y Yorleny León, los socialcristianos Muñoz y María Vita Monge, además del independiente Jonathan Prendas.

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