Josué Alvarado
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) informó este jueves 30 de noviembre los resultados del proceso sancionatorio que había iniciado por el caso Aldesa, conocido por irregularidades en el manejo de los fondos de más de 600 inversionistas.
La superintendencia resolvió que Aldesa Valores Puesto de Bolsa S.A. cometió 13 conductoras infractoras, por lo que se le impuso una multa de ¢639 millones.
También se sancionó a seis personas, relacionadas a este puesto de bolsa y les multó con diferentes montos, según las conductas que cometieron. Así lo indicó Sugeval en un comunicado de hecho relevante.
Estas personas son:
- Javier Chaves Bolaños, agente de bolsa
- Francisco Villar Barrantes, agente de bolsa
- Vernán Mesén Araya, agente de bolsa
- Jorge Araya Salas, ejecutivo asesor de Aldesa Puesto de Bolsa
- Luis Diego Simón Rojas, agente de bolsa
- Kimberly Sáenz Peña, agente de bolsa
Entre todas estas personas suman un monto de multa que llega a ¢288 millones. De esta forma el total de la sanción impuesta supero los ¢927 millones.
La exgerente de Negocios de Aldesa Puesto de Bolsa S.A., Leticia Balma; la asistente administrativa de Aldesa, Marisela Quesada y el agente de bolsa Steven Alfaro fueron parte de la investigación de la Sugeval, pero no se les impuso ninguna multa.
Así se desprende de un comunicado de Hecho Relevante publicado este jueves. La resolución final sancionatoria del procedimiento seguido contra Aldesa y las nueve personas involucradas se dictó el pasado 1 de noviembre.
(Juan Pablo Arias/El Observador)
Las conductas sancionadas por la Sugeval
Según el comunicado publicado este jueves la sanción más alta impuesta contra Aldesa Puesto de Bolsa S.A. fue de ¢93.528.245 por haber realizado actividades diferentes a las autorizadas por la Ley Reguladora del Mercado de Labores.
Por esta misma conducta se multó a Javier Chaves Bolaños, quien se investigó en la vía administrativa como agente de bolsa, pero fungía como presidente de la corporación Aldesa.
La segunda conducta sancionada corresponde a haber omitido darle el correspondiente seguimiento a la asesoría pactada con al menos 32 clientes de una muestra de 43, en relación con los instrumentos de oferta privada que mantenían en su cartera. También por omitir la prestación diligente del servicio de asesoría en cuanto a la explicación sobre las características y riesgos del instrumento Infinito Versol.
Por esta irregularidad se multó al puesto de Bolsa, a Francisco Villar, a Jorge Araya y a Kimberly Sáenz.
La tercera falta está relacionada con no haber revelado a los clientes sobre los conflictos de intereses generados con motivo de las remuneraciones percibidas en calidad de ingresos por comisión por el servicio de referimiento e clientes a la compañía Aldesa Corporación de Inversiones S.A.
En esta falta incurrió el puesto de bolsa, Francisco Villar, Verán Mesén, Kimberly Sáenz y Luis Diego Simón.
La cuarta conducta sancionada tiene que ver con haber suministrado información confusa, imprecisa e inoportuna al permitir, tolerar y favorecer el uso de la denominación "Aldesa" por parte de Aldesa Corporación de Inversiones S.A, compañía que no pertenece al grupo financiero.
Esto está relacionado con haber facilitado la vinculación de algunos de sus agentes de bolsa inscritos bajo su responsabilidad en la atención de inversionistas de la compañía Aldesa Corporación de Inversiones S.A., "lo que generó y mantuvo un riesgo creado en la posibilidad de inducir a error a los inversionistas".
Javier Chaves, Francisco Villar y Luis Diego Simón fueron multados por este hecho.
Algunos de las multas más altas
Una de las multas más altas contra el puesto de bolsa (por ¢90.499.690) es por no haber generado de junio del 2018 a febrero del 2019 los registros contables correspondientes y necesarios en las colocaciones de instrumentos privados del emisor Aldesa Corporación de Inversiones S.A.
También destaca la multa por ¢44.620.000 contra el puesto de bolsa por encontrarle responsable de haber incurrido en "graves omisiones" con motivo del vínculo contractual suscrito con la compañía Aldesa Corporación de Inversiones S.A.
Esto debido a que no habría otorgado la prioridad a sus clientes, al incentivar que sus recursos se dirigieran a valores de oferta privada, sin una clara explicación de las características del instrumento y del emisor.
Otros hechos sancionados
Entre otros hechos sancionados se encuentran:
- Los datos de las transacciones no existían o no tenían el formato establecido
- No hacer análisis correspondientes sobre los procedimientos y criterios de evaluación de los instrumentos ofrecidos y colocados
- No hacer el perfil de riesgo de al menos ocho de sus clientes
- No clasificar a sus clientes como tipo Profesional y No profesional en al menos seis casos
- Ofrecer instrumentos de inversión no inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios
- Mantener contratos desactualizados con al menos seis clientes
- Poco cumplimiento de la distribución de la cartera según se indica en la política de inversión
Multa a la sociedad de fondos de inversión
En otro comunicado de Hecho Relevante, Sugeval informó que encontró a Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. responsable de no haber revelado el conflicto de interés en las decisiones tomadas por el comité de inversión. Por ello, procede la imposición de la sanción a la entidad de multa de veinte veces el salario base dispuesto para el año 2011, correspondiente a la suma de ¢6,3 millones.
También se declaró a esta sociedad como responsable de haber incurrido en infracción del artículo 69 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, ello al no haber informado en forma clara, correcta, precisa, suficiente y oportuna a los inversionistas del Fondo de Inversión de Proyectos Monte del Barco sobre los conflictos de interés a los que se exponía la empresa.
23 personas habrían cometido delitos
Este miércoles 29 de noviembre la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual notificó a las partes involucradas en el caso Aldesa, pero por la vía judicial.
Este caso se tramita en el expediente 19-000157-1220-PE.
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Esto significa que, después de la investigación realizada, el Ministerio Público determinó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido delitos.
La fiscalía confirmó que la pieza acusatoria consta de 809 páginas. En adelante, lo que procede es que las víctimas conozcan y analicen la acusación para que determinen si desean constituirse en querellantes (presentar una acusación privada), lo cual deberán informar a la fiscalía en un plazo de tres días.
En caso de que deseen querellar, tendrán un tiempo adicional de 10 días para presentar el respectivo documento.
Las víctimas también deberán informar si pretenden ejercer la acción civil resarcitoria, para concretar sus pretensiones económicas por daños y perjuicios causados.
Esta misma semana, la Fiscalía informó que entre el 14 y el 20 de noviembre finalizó la toma de declaraciones indagatorias a la totalidad de personas vinculadas con la causa.
Esto, luego de que el 30 de octubre recibiera un informe policial definitivo, una evidencia necesaria para culminar la investigación, elaborado por la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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