Paula Ruiz
La Superintendencia General de Seguros (Sugese) advirtió a los diputados sobre el portillo que se abriría con un proyecto de ley que dona recursos del Instituto Nacional de Seguros (INS) al Consejo Nacional de Producción (CNP)
Se trata de una iniciativa impulsada por el liberacionista Daniel Ulate para la creación de un Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte.
El proyecto 21.671 pretende que el INS le transfiera al CNP entre ¢1.300 millones y ¢1.500 millones para los diseños, construcción y supervisión de la infraestructura de dicha infraestructura.
Tras una consulta, el superintendente de Seguros Tomas Soley envió un oficio al legislador el 8 de junio anterior en el que plasma los criterios de Sugese sobre el proyecto de ley.
“Esta superintendencia no cuestiona de manera alguna el interés público de la creación del Centro de Valor Agregado de la Región Huetar Norte. No obstante, en función de su deber legal de velar por el eficiente funcionamiento de mercado de seguros, debe advertir a las señoras diputadas y señores diputados sobre los riesgos de afectación al capital del INS que se han señalado, así como el peligroso expediente de abrir un portillo para acudir a los recursos de dicha institución para el financiamiento de proyectos ajenos a su razón de ser”, detalla Soley.
El supervisor advierte que hay otros proyectos de ley que también pretenden tomar dinero del INS para fines que no están directamente relacionados con los seguros y advirtió que, de continuar con esa dinámica, se expone al Instituto a presiones políticas inadecuadas y un debilitamiento de su independencia.
Recientemente, el INS giró ¢75.000 millones de su capital para la atención de la pandemia. En específico, los recursos serán utilizados para los subsidios del Gobierno conocidos como “bono Proteger”, dirigidos a trabajadores despedidos, con reducción de jornada o suspendidos.
“La Superintendencia ve con gran preocupación el número de expedientes legislativos que se acumulan en los cuales se autoriza el acceso de los recursos del INS, como si fueran dinero de libre disponibilidad, estableciendo un precedente de generación de compromisos como lo fueran en el pasado las partidas específicas en el presupuesto nacional”, agregó Soley.
Comisión de Alajuela dictaminó la iniciativa.
Sin opción B
Consultado sobre los señalamientos de la Superintendencia, Ulate reconoció que no cuentan con un “plan B” para obtener los recursos en caso de no concretarse el traslado por parte del Instituto.
El verdiblanco aseguró que de haber dudas sobre la iniciativa, se encuentran en total disposición para efectuar consultas. Sin embargo, las mismas no son de acatamiento obligatorio para la toma de decisiones.
“Nos interesa que el proyecto avance, sabemos las necesidades del proyecto y dotar de tecnología, ayudarle al capital para la zona Norte”, dijo Ulate.
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“No he podido sentarme a ver el pronunciamiento (de Sugese) pero si hubiera que hacer alguna observación de fondo y no de forma, lo analizaríamos, yo soy un facilitador y como presidente me parece que es una urgencia para la zona norte”, agregó el diputado.
El parlamentario reiteró en varias ocasiones que el proyecto de ley se retomó de la administración del expresidente Luis Guillermo Solís.
Con anterioridad, la Sugese advirtió al INS que no tiene la tutela para efectuar donaciones a favor de instituciones públicas tal y como se pretendió en algún momento del proceso.
El Centro de Valor Agregado pretende instalarse en Santa Clara en un terreno del Instituto Tecnológico de Costa Rica, mientras el Instituto de Desarrollo Agrario (Inder), se encargaría del equipamiento.
El proyecto fue dictaminado en la Comisión de Alajuela e iniciará su etapa de mociones.
