Paula Ruiz
Sindicatos de Educación, Salud y el Poder Judicial se oponen a que el Ministerio de Planificación (Mideplan) tenga a cargo la rectoría del empleo público, según se pretende en el proyecto de ley 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.
Edwin Solano, representante de la Unión Médica Nacional, consideró que se pretende crear un “megaministerio” que responderá a los intereses del Gobierno de turno y no a los de la ciudadanía y clase trabajadora.
“Eso es inaceptable, no puede ser que el empleo público de todas las instituciones vayan a estar centralizadas en ese megaministerio que nosotros desde hace tiempo teníamos preocupaciones”, manifestó.
Los representantes gremiales, expusieron sus observaciones ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se analiza la iniciativa.
De acuerdo con Manuel Hernández representante de Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Nacional (Undeca) y Bussco, eso rozaría con la autonomía de las universidades y de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las municipalidades.
“La autonomía de la Caja, universidades y municipalidades, marca una barrera constitucional infranqueable que impide que se puedan someter a rectoría política de Mideplan, salvo que se modifique la Constitución Política”, añadió Hernández.
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Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), expuso en esta misma línea que darle a Mideplan la rectoría sobre el diseño del Poder Judicial es desconocer la organización de dicho poder de la República.
Archivo inminente
Las fuerzas sindicales abogaron por el archivo del expediente, pues dentro de sus argumentos están el no haber sido consultados.
Marta Rodríguez, secretaria general de Undeca sentenció que es “inconstitucional, excluyente, antisindical y antidemocrático”.
Los sindicatos coinciden en que es inconstitucional por no reconocer la autonomía institucional y división de poderes, además por cerrar los espacios a la negociación colectiva.
También objetaron la evaluación anual que se pretende establecer y que incurriría en despido del funcionario con dos notas seguidas menores a 70.
“Se deja a subjetividad del que haga la evaluación (…) y si no me quieren o caigo mal, se deja a la subjetividad, eso significa que me debo ir aunque haya tenido un desempeño aceptable”, reclamó el doctor Solano.
Los gremios acharon que el proyecto responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), aunque no presentaron pruebas.
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