Marco Marín
Los asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deberán esperar, hasta la próxima semana, para conocer los detalles del nuevo paro que afectará los servicios. Será hasta dentro de unos días, cuando los sindicatos de la institución anuncien las medidas de presión que tomarán, en represalia a la decisión de la entidad de acatar la orden de la Contraloría.
Este miércoles, el Frente Sindical de la CCSS, un aglutinamiento de 17 sindicatos, anunció que solicitarán a sus abogados estudiar lo acordado, 24 horas antes, por la junta directiva. El grupo hizo un llamado a sus bases para determinar nuevas acciones.
“Lo primero fue solicitar el acta de acuerdos del día de ayer de la junta, para hacer un análisis jurídico. Queremos ver la viabilidad de acciones en el (Tribunal) contencioso o de inconstitucionalidad”, explicó Lenín Hernández, Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae).
“Nosotros planteamos de aquí al lunes tener un panorama más claro de todos los necesarios que planteé anteriormente. Nos vamos a reunir para hacer esas valoraciones. Ese día ya tendremos un mensaje más claro”, agregó ante la consulta de El Observador.
Otras medidas serían solicitar una reunión en la que participe el presidente Carlos Alvarado. Buscarán un acercamiento con cooperativas que prestan servicios médicos. También una aproximación con sindicatos de otros sectores.
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Larga disputa
Este martes, el comité ejecutivo de la institución se reunió por varias horas para analizar el criterio del ente contralor. La Contraloría le ordenó a la Caja desechar los acuerdos firmados, primero el 20 de febrero y luego el 12 agosto, con los gremios.
Entre las exigencias, la Contraloría ordena aplicar la reforma fiscal en las remuneraciones de los funcionarios de la entidad, así como aplicar un monto nominal y no porcentual, para el cálculo de anualidades y pluses salariales. Esta es la norma para el resto del sector público, desde que entró a regir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Mientras la junta directiva se reunía, estos gremios convocaron a una manifestación frente a la sede central para ejercer presión.
Sin embargo la protesta no fue tan numerosa, como otras anteriores, ya que consistió principalmente en afiliados de solo una de las uniones sindicales.
En un principio Marta Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), afirmó que “harían un plantón hasta tener una respuesta“. Pero el movimiento terminó alrededor del medio día.
La junta emitió su decisión hasta el final de la tarde.
El pasado jueves, el ente contralor determinó que, los acuerdos tomados por el gerente general Román Macaya – con aval del Ministerio de la Presidencia – no constituyen un acto administrativo, por lo que no le deparan ningún derecho laboral. Además no deben acudir a un juzgado, para cumplir el deseo sindical de que la reforma fiscal no toque sus beneficios.
Marco Marín
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