Desde la Columna
Viviana Gutiérrez Delgado. Abogada. Exgerenta de Incidencia Política de Fundación Marviva
Han pasado siete años desde que en el 2013 la Sala Constitucional declaró inconstitucional la pesca semi-industrial de camarón con redes de arrastre. La lucha contra el uso de estas redes – la técnica de pesca más dilapidadora – empezó hace un par de décadas e involucra a muchos actores.
Sin embargo, la luz en el túnel apareció cuando en 2012 la Sala admitió para estudio la acción de inconstitucionalidad (de la cual fui autora desde la organización para la cual trabajaba), que posteriormente anuló los artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura que permitía el otorgamiento de licencias para esta actividad.
La acción legal fue interpuesta por un grupo de organizaciones no gubernamentales promotoras de la conservación marina. La sola admisibilidad de dicha acción generó que, en masa, más de 15 organizaciones de pescadores artesanales de pequeña escala coadyuvaran la acción.
Este sector estaba frustrado de haber acudido por años ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) a solicitar regulaciones a la pesca de arrastre y siempre ser ignorados.
A diferencia de otros casos ambientales, el voto 10540-2013 de la Sala Constitucional no zanjó totalmente la cuestión, pues si bien declaró inconstitucionales los artículos de la ley que se impugnaron, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se pudiera reinstaurar la actividad, si se contaban con los estudios científicos suficientes para garantizar la no afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas en Costa Rica.
Durante estos siete años han existido múltiples iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa, todas las cuales fracasaron por una férrea oposición del sector ambiental, los pescadores artesanales y la academia. Lamentablemente, no ocurrió así con el intento más reciente, que terminó en la aprobación de la Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica, que hoy tiene a decenas de organizaciones y miles de personas levantando su voz en las calles y en redes sociales, ante algo que está fuera de toda lógica.
Un sector ignorado
Las razones que llevaron a la Sala a resolver a favor del medio ambiente en el 2013, han sido ampliamente desarrolladas ante la opinión pública.
Me interesa referirme puntualmente al sector artesanal de pequeña escala, el cual ha sido históricamente ignorado en sus demandas, y hoy una vez más, se le maltrata groseramente con la aprobación de esta ley.
Los argumentos que presentó el sector artesanal contra el arrastre ante la Sala Constitucional fueron de mucha contundencia y fueron validados en el voto 10540-2013 mediante la aplicación del principio de desarrollo sostenible democrático.
La aplicación de este principio a la pesca, en palabras sencillas, significa que el Estado no solo debe garantizar que el aprovechamiento de los recursos pesqueros sea racional y sostenible, sino que además debe velar porque ese aprovechamiento beneficie a la mayor cantidad de pescadores, y no sólo a unos, en detrimento de todos los demás.
La Sala reconoció que el impacto de la operación de unas pocas embarcaciones de arrastre – debido a su limitada selectividad, el daño a los fondos marinos y el impacto sobre otras especies distintas al camarón – ponía en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas, de los cuales dependen más de 14.000 familias de pescadores artesanales (datos vigentes al momento de la presentación de la acción).
La ley aprobada por el Congreso ignora por completo ese efecto en la economía pesquera artesanal; la disminución dramática de sus ingresos; y ese acceso democrático y ambientalmente sostenible que debe garantizar el legislador cuando regula el acceso y el aprovechamiento a los recursos naturales y a la biodiversidad.
Siete años arrastrados y perdidos
La sentencia de la Sala abrió una oportunidad enorme para cambiar el rumbo de la pesca en el país, para reorientarla y empoderar aún más los modelos de pesca responsable. La oportunidad se escapó, y de eso el Partido Acción Ciudadana carga gran parte de la responsabilidad sobre sus hombros. Transcurrieron siete años tras el voto, y el PAC ha gobernado en los últimos seis.
A pesar de que el Plan de Gobierno de Luis Guillermo Solís indicaba su oposición a que se reactivara el arrastre de camarón, su gobierno (con excepción de la diputada María Eugenia Venegas Renauld) se dedicó abiertamente a promover un proyecto de ley para la reactivación del arrastre, objetivo de la mesa de diálogo que instauró, en la cual participé como representante del sector ambiental.
Durante la actual administración del presidente Carlos Alvarado, tampoco se materializó el compromiso de no reactivar el arrastre, porque para ello se requería más que la oposición de la diputada Paola Vega Rodríguez a un nuevo proyecto de ley.
Para materializar el compromiso se necesitaba atender la problemática socioeconómica del sector camaronero de forma integral. De no hacerse, estos pescadores seguirían, y con toda razón, generando presión en el Legislativo para volver al mar. No trabajar en la generación de soluciones y alternativas productivas que permitieran mitigar el impacto de la eliminación de las licencias, solo garantizó que tarde o temprano se aprobara la ilógica ley. Y eso era tarea del Poder Ejecutivo.
Si verdaderamente existía un compromiso gubernamental de convertir a Costa Rica en un país libre de redes de arrastre, la búsqueda de soluciones integrales debió ser una acción prioritaria en la Agenda Azul del gobierno, para que mediante trabajo interinstitucional se generaran resultados tangibles y concretos dirigidos, entre otros objetivos, a disminuir esa presión social que acabó canalizada en el Congreso.
Culpar hoy a la Asamblea Legislativa por la aprobación de la ley que reinstaura el arrastre no es más que pretender, una vez más, echarle la culpa a los demás. El PAC debe asumir la responsabilidad de lo que no fue capaz de resolver en seis años desde el Ejecutivo.
Decir que la lucha no se ha perdido porque se puede volver a la Sala Constitucional o llevarlo a un procedimiento contencioso administrativo es un irrespeto para quienes desde la pesca artesanal y la sociedad civil han luchado incansablemente por sostenerlo todo este tiempo. Eso solo significa poner el tema de nuevo en el punto cero y reconocer que se perdieron siete años.
Enfoque integral
Los hechos generadores de la sobrepesca, la pesca ilegal y el uso de artes de pesca no sostenibles – como el arrastre de camarón – tienen múltiples causas en Costa Rica, de índole operacional, legal, institucional, de política pública y de recursos humanos.
Una Asamblea Legislativa que realmente se interese por el bienestar de los pescadores y la sostenibilidad de los recursos marinos y pesqueros, antes de pasar una ley de este tipo, no debería pasar por alto los grandes vacíos y debilidades que tiene el país en todos estos ámbitos. En una actividad pesquera tan invasiva como el arrastre, estas falencias del sistema representan una amenaza mayor.
En nuestro país es urgente la reestructuración legal e institucional del sector pesquero y desarrollar legalmente instrumentos de gestión ambiental pesquera. La gestión ambiental de la pesca debe tener protagonismo y estar respaldada por la ley y los reglamentos, como sucede en otros países de la región y el mundo, mucho más desarrollados en materia pesquera.
Es la única manera de garantizar verdaderamente la sostenibilidad de la actividad pesquera. Un estudio puntual no garantiza dicha sostenibilidad, porque precisamente el concepto mismo evoca a una actividad de investigación, monitoreo, fiscalización y control sostenida en el tiempo, que el INCOPESCA, como autoridad administrativa en la materia, no está en capacidad de garantizar.
En esta historia, las organizaciones de pesca artesanal de pequeña escala dieron la lucha que le correspondía y más. Las ONG’s marinas, las universidades públicas, las organizaciones de pesca turística y deportiva, la sociedad civil, los medios de comunicación, todos hicieron su parte del trabajo. El Partido Acción Ciudadana quedó debiendo. Vetar la ley es lo que corresponde, aunque solo enmendaría una parte de la ecuación. Debemos comprender que la problemática es muy compleja, y no termina ahí.
Desde la Columna
