Sectores de comercio y restaurantes instan a dueños de locales a llegar a acuerdos con inquilinos ante crisis

La crisis generada por el coronavirus golpea de forma directa a las actividades de comercio y restaurantes. Además de la drástica baja en la demanda, estos sectores lidian con el alto pago de alquileres. Ante la crisis, instaron a los arrendatarios y deudores llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes.

Algunos restaurantes, como Fogo Rodizio, han cerrado sus puertas ante la imposibilidad de correr con los costos totales de alquiler a partir de abril. En las últimas dos semanas de marzo, se registró la caída de hasta un 80% de las ventas en la mayoría del sector.

La Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) y la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) urgieron a los arrendatarios a llegar a acuerdos con los deudores, así como que la Asamblea Legislativa discuta cómo flexibilizar estas responsabilidades.

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Días atrás, la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprobi) aseguró que nadie, aún en estado de emergencia, puede incumplir arbitrariamente sus contratos y descuidar sus obligaciones.

“Los artículos 21 y 22 del Código Civil, nos obligan a suscribir, ejecutar y terminar nuestras relaciones contractuales al amparo de la Buena Fe, concediéndole a cada quien lo que justamente le corresponde. Es ilegal en estas circunstancias endosarle las consecuencias económicas sólo a un sector, cualquiera que sea, ya que todos tenemos que contribuir equitativamente con esta carga”, señaló el grupo.

Caprobi instó a los arrendatarios e inquilinos a mantener un diálogo abierto y
trasparente, que permita comprobar la afectación real y negociando un acuerdo “patriótico”, que soporte la situación de forma equitativa entre ambas partes.

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Iniciativas en el Plenario

Actualmente se manejan dos proyectos de ley sobre arrendamientos:

• el del liberacionista Wagner Jiménez pretende congelar por tres meses el pago de alquiler de vivienda y locales comerciales
  • vencido el plazo, comenzará el pago habitual
  • el monto acumulado durante la suspensión del pago deberá empezar a sufragarse a partir de un mínimo del 5% del acumulado
• otro del socialcristiano Pedro Muñoz modificaría el texto del artículo 702 del Código Civil para que la emergencia nacional por coronavirus pueda ser incluida como un evento de fuerza mayor entre las responsabilidades del deudor y el arrendatario.

Dicho artículo original cita:

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.

La Cámara de Comercio ve con positivismo este último proyecto de ley, por lo que solicitó que sea convocado en sesiones extraordinarias para su discusión.

“Estamos conscientes que las medidas que se vayan a aplicar, no pueden ser iguales para los que pagan alquileres sobre sus viviendas, como para los que pagamos alquileres comerciales. El impacto para nuestro sector comercio será por muchos meses, ya que nuestra economía se verá afectada por un plazo que supera con creces este período inicial de 3 meses”, dijo Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio.

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Dentro de esta coyuntura, la Cámara amplió que se hace necesaria una ley, que permita una renegociación o una terminación sin penalidades de los contratos.

“Desde nuestro sector urgimos sobre la importancia de incorporar la potestad para que los comercios puedan negociar los contratos en las condiciones que ambas partes acuerden. El espíritu que debe prevalecer en estas negociaciones es que ambos sectores tanto el comercio, como los propietarios de los locales, minimicemos las pérdidas”, clamó Castilla.

En la eventualidad de que antes del 30 de abril no se llegara a un acuerdo, se podría autorizar cancelar los contratos sin cláusula de castigo, amparado a un ambiente de fuerza mayor.

El 2019 y lo que levamos del 2020 han sido épocas duras para los sectores de comercio. Enfrentó una pérdida de 24.000 empleos el año pasado. En la actual crisis sanitaria ya se contabilizan 7.980 negocios cerrados y 109.000 personas despedidas.

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