Tomás Gómez
La Sala IV condenó al Gobierno por su inacción en levantar los bloqueos, que se han presentado en diferentes rutas del país desde hace casi dos semanas.
Tomando como base sentencias por otras manifestaciones similares, los magistrados fueron vehementes contra los ministerios de Seguridad y la Presidencia.
A su criterio, ambas instituciones no cumplieron su función de velar por un derecho fundamental de los costarricense: el libre tránsito.
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Señalamiento de los jueces
“La Fuerza Pública se limitó buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad y a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos”, señaló el Tribunal.
“Las autoridades recurridas debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para restablecer la circulación”, señala el pronunciamento que condena al Estado a pagar daños y perjucios contra el ciudadano que interpuso el reclamo.
Los altos jueces reprocharon, además, la gestión del autodenominado movimiento “Rescate Nacional”. A su criterio, un bloqueo no tiene que ver con la libertad de expresión.
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“La intención de quienes convocaron a estas manifestaciones estaba dirigida específicamente a paralizar o entorpecer infraestructura vital del país, como los puertos, las vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras.
“No puede considerarse que tal intención constituya una vertiente legítima de la libertad de expresión. Su finalidad última no es la expresión de una opinión o la transmisión de un mensaje, sino la generación de un daño significativo al orden público a efectos de obtener el resultado pretendido”, dijo Paul Rueda, magistrado instructor.
Según la resolución de la Sala, recurrir a medios fuera de la ley para incidir en decisiones del país “significa un menoscabo a la institucionalidad, los derechos de la ciudadanía, y el Estado Democrático de Derecho”.
