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Rectores demandan al Estado y piden que reforma fiscal no afecte a universidades públicas

Los rectores de las cinco universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN) presentaron una demanda con medida cautelar ante…

Por Juan Pablo Arias

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Rectores demandan al Estado y piden que reforma fiscal no afecte a universidades públicas
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Los rectores de las cinco universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN) presentaron una demanda con medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado costarricense.

La acción de nulidad se plantea en contra del artículo 1° inciso h) y del artículo 3° del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan el pasado 18 de febrero, denominado “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al empleo público”.

Las universidades argumentan que hay una “aplicación indebida” de varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

También señalan que la regulación del régimen de empleo de las universidades públicas es materia reservada a las competencias de estas instituciones, y desde su creación han quedado fuera de la aplicación del régimen del Servicio Civil, por lo que consideran que no es afectada por la reforma fiscal.

Según las universidades, la Sala Constitucional “ha dejado claro en diversos fallos” que la independencia constitucional universitaria es distinta a la de los demás entes descentralizados y por eso están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio.

“De esta manera, las universidades públicas se encuentran fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones de la Ley N.º 9635, especialmente en el tema que se pretende reglamentar con el decreto ejecutivo 41564”, señala un comunicado de la UCR.

La Universidad de Costa Rica también está revisando los regímenes de remuneración vigentes y ha establecido como indemnización máxima para el pago de cesantía el tope de 12 años, el máximo permitido.