Paula Ruiz
Un legislador prepara un proyecto de ley que implica una reforma constitucional, mediante la cual pretende aclarar que cuando hay un choque entre la autonomía universitaria y el principio de equilibrio financiero, prevalecerá el segundo principio.
Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que la motivación se da tras concluir la investigación realizada por 18 meses en la Comisión Especial del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El verdiblanco explicó que ambas categorías están dispuestas en la Constitución Política. Sin embargo debido a la situación financiera actual del país y el amplio crecimiento de los salarios en universidades públicas, es vital buscar un freno.
“Establece puntualmente que en ningún caso, ningún presupuesto superará la relación entre ingresos y egresos de hacienda pública (según 176 constitucional), creemos que será una forma de contener el gasto que se ha generado a manos llenas en universidades púbicas”, dijo.
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Basados en esa autonomía universitaria, las casas de enseñanza tienen la potestad para no aplicar por ejemplo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Incluso para evitar regirse con la regla fiscal, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) acudió a la Sala Constitucional.
“El incumplimiento de la regla fiscal es un ejemplo de cómo hace falta más rigor y claridad en la ley para tener finanzas públicas más saludables, esto último se logra – entre otras medidas -, robusteciendo el principio de equilibrio financiero como lo pretendo con esta proyecto que presentaré”, reconoció.
Al tratarse de una reforma constitucional requiere de un trámite legislativo más extenso. Jiménez espera que otros diputados se sumen a su propuesta.
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Salarios que ahogan
Diputado Wagner Jiménez afina proyecto de ley. Espera que otros congresistas den su firma de respaldo. (Asamblea Legislativa)
El proyecto de ley pretende evitar que las transferencias hechas por el Estado para el FEES sean exclusivamente para el pago de salarios.
El miércoles, el foro legislativo emitió un informe donde resaltaron que si la masa salarial continúa creciendo a ese ritmo, se corre el riesgo de cerrar universidades públicas. Tal es el caso de la Universidad Nacional (UNA), donde hay estudios técnicos que señalan que para el 2028, toda la transferencia será para pagarle a funcionarios.
Jiménez busca frenar precisamente este panorama. El liberacionista recordó que la Comisión emitió recomendaciones como:
- solicitar a consejos universitarios aplicar el capítulo de reforma fiscal, relacionado con el pago de anualidades de forma nominal
- límites a dedicación exclusiva y prohibiciones
- aplicar el límite de cesantía de acuerdo con la reforma fiscal para quienes estén por jubilarse
“Hemos detectado salarios millonarios. Los próximos pensionados de lujo serán profesores universitarios de universidades públicas y la única forma de detener esto es a través de estos mecanismos, unos a lo interno de universidades mediante su autonomía, pero otros a nivel legislativo”, señaló.
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Los legisladores de la Comisión Especial del FEES indicaron entonces que las remuneraciones generaron una masa salarial insostenible.
En el documento se indica que con base en la revisión de salarios reportados en las cinco universidades estatales entre agosto de 2018 y julio de 2019, se concluyó lo siguiente con respecto a las remuneraciones de ciertos grupos de empleados:
- más de ¢9 millones: 1 persona
- ¢8 a ¢9 millones: 4 funcionarios
- ¢7 a ¢8 millones: 15 empleados
- ¢6 a ¢7 millones: 32 casos
- ¢5 a ¢6 millones: 111 trabajadores universitarios
- ¢2 a ¢5 millones: 3.354 funcionarios
- de los 100 salarios más altos, 90 están en la Universidad de Costa Rica (UCR), cinco en la UNA, cuatro en la Universidad Técnica Nacional (UTN) y una en el Instituto Tecnológico (TEC).
“Sin duda, no es posible que en un país con una pobreza extrema estancada en 20% y con unas desigualdades abismales, donde una familia en pobreza recibe menos de ¢150.000, existan salarios pagados con recursos públicos para más de 3.000 funcionarios de universidades públicas, que superen los ¢2 millones y lleguen inclusive hasta ¢5 millones, y que generaran pensiones igual de lesivas para la hacienda pública. Siendo la UCR la que concentra mayores salarios”, señalan los legisladores en el documento.
Este informe busca ser discutido en Plenario, lo más pronto posible.
Ya en diciembre del 2019, en comparecencia ante los diputados, la UCR mostró que sus proyecciones indican que su déficit crecerá de forma exponencial, hasta alcanzar ¢20.000 millones en el 2024. El propio exrector Jensen admitió que el régimen salarial es insostenible.
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