Paulo Villalobos
La Procuraduría General de la República (PGR) pretende que se cobren ¢498 millones, por los aparentes “nombramientos fantasma” que motivaron la apertura de un juicio el pasado martes contra cuatro exdiputados.
El monto lo confirmó por escrito la oficina de prensa del abogado del Estado ante una consulta de El Observador.
La misma se tramitó luego de que trascendiera que los excongresistas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López Arias, Rita Chaves Casanova, Martín Monestel Contreras y Víctor Granados Calvo, afrontarán un debate oral y público por presuntamente cometer los delitos de peculado (sustracción de dinero cuya administración se le confió a una persona) y estafa.
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En el caso figuran otras ocho personas. De ellos se sospecha que devengaron salarios en los periodos constitucionales de 2006-2010 y 2010-2014, por labores que nunca realizaron.
De acuerdo con la Procuraduría, el daño material producido por lo anterior es de ¢169 millones, mientras que el social es de ¢329 millones.
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Este último se refiere a la afectación “a la institucionalidad e imagen de la Asamblea Legislativa al violentar el deber de probidad y realizar acciones constitutivas de delitos” (peculado y estafa, en este caso).
La acusación contra los exdiputados les atribuye la designación de familiares o amigos suyos, en plazas como asistente de fracción, asesor, secretaria, entre otras; sin que estas se presentaran a trabajar, a pesar de que recibieron los salarios correspondientes.
Ahora, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José deberá evacuar la prueba recogida por el órgano acusador expediente 12-00031-033-PE.
Paulo Villalobos
