Christine Jenkins Tanzi
La Procuraduría General de la República (PGR) negó que su dictamen obligara al Gobierno a pagar el aumento salarial 2020 en el sector público, con lo que contradijo las declaraciones del Ministro de Hacienda Elian Villegas.
Más bien, fueron otros ministerios del Poder Ejecutivo los que consideraron que los empleados tienen un derecho adquirido que impide suspender el aumento ante la emergencia del COVID-19.
La Procuraduría, el asesor legal del Estado, le había sugerido al Ministerio de Hacienda que para suspender los aumentos salariales a los empleados públicos, corresponde derogar el decreto del 2018 que concedió el beneficio y no revocarlo, como pretendía el Gobierno, por un tema de forma. Sin embargo, explicó que si bien el Poder Ejecutivo puede derogar el decreto, lo haría sin perjuicio de los derechos adquiridos por parte de los funcionarios públicos.
La Procuraduría, antes de emitir el dictamen, consultó a varios ministerios incluyendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Estos fueron quienes contestaron que consideran un derecho adquirido el aumento que debió haberse hecho efectivo en la segunda quincena de febrero del 2020.
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“Lo anterior pone en evidencia un verdadero conflicto entre los criterios de los distintos órganos del Poder Ejecutivo sobre la forma en que debe manejarse el pago del aumento salarial del sector público para el año 2020, conflicto que no debe ser trasladado a esta Procuraduría pues es ajeno a nuestra competencia consultiva”, consideró este viernes Silvia Patiño, Procuradora Adjunta, mediante el oficio C-219-2020.
Este miércoles, Villegas, el nuevo ministro de Hacienda, dijo que la Procuraduría había ordenado al Gobierno a pagar el incremento salarial del sector público de 2020.
“Nos parece que no es momento de pagar un aumento salarial”, adujo en ese momento el titular de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, le pidió a la Procuraduría reconsiderar el dictamen. (Foto: Presidencia)
Conflicto entre ministerios
El gobierno había anunciado la suspensión del aumento el 24 de marzo, el cual fue decretado unos días después mediante el Decreto Ejecutivo N 42286 del 4 de abril de 2020.
Sin embargo fue hasta el 8 de abril, después de haberse emitido el decreto, que Rodrigo Chaves, el exministro de Hacienda, le consultó a la Procuraduría sobre la posibilidad de usar la figura que había anunciado el Gobierno.
El Gobierno intentaba suspender el aumento general de ¢7.500 al salario base de todas las categorías del sector público, e incrementos adicionales graduales que permitían que, en ciertos casos, el aumento salarial llegara hasta los ¢8.750, ambos establecidos por el decreto 42121-MTSS-H-MIDEPLAN del 17 de diciembre del 2019.
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“Debemos destacar, además, que de previo a la emisión del dictamen C-202-2020 del 29 de mayo de 2020 y a solicitud del entonces Ministro de Hacienda consultante, se confirió audiencia al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. En dicha oportunidad, el Ministerio de la Presidencia se adhirió a la posición externada por el entonces Ministro de Hacienda, pero también solicitó considerar la posición de los Ministerios de Planificación y Trabajo”, según la Procuraduría.
Sin embargo, cuando fueron consultados, los jerarcas de Mideplan y del Ministerio de Trabajo mantuvieron una posición contraria a la del Ministro de Hacienda Villegas mediante los oficios conjuntos MTSS-DMT-OF-429-2020 y MIDEPLAN-DM-OF-0479-2020 del 24 de abril.
“El incremento salarial de ¢7.500 fijado por el Decreto Ejecutivo N°. 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, forma parte del patrimonio de las personas servidoras públicas (…) La indisponibilidad posterior de recursos presupuestarios, no es un factor contemplado en la legislación nacional para dejar sin efecto alguno los incrementos salariales previamente decretados”, consideraron los dos ministerios en el oficio, según la Procuraduría.
Problema de forma
La Procuraduría adviritió que la revocatoria propuesta por Hacienda era inviable en el dictamen C-202-2020 este 29 de mayo. Villegas anunció este 10 de junio que pidió que se reconsiderar el criterio.
Sin embargo, la Procuraduría además destacó que se trata de una aclaración y no una reconsideración de su criterio, que fue mal interpretado por Hacienda.
“En efecto, analizando la solicitud de reconsideración planteada a la luz del dictamen base, puede desprenderse que, en realidad, se parte de una interpretación errónea de lo indicado por este órgano asesor, por lo que procederemos a aclarar sus alcances”, según el oficio de la Procuradora Adjunta.
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“El dictamen C-202-2020 no constituye un obstáculo para la derogatoria del Decreto 42121-MTSS-H-MIDEPLAN ni del aumento salarial ahí contemplado como se está interpretando erróneamente por las autoridades de Hacienda”, aduce la Procuradora Adjunta en sus conclusiones.
“Si bien la Procuraduría reconoció en el dictamen base que la derogatoria de una norma de alcance general lo es sin perjuicio de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, corresponde a la Administración activa y no a esta Procuraduría revisar si existen o no casos donde el pago del aumento salarial se consolidó como un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada a favor de algún o algunos funcionarios públicos durante la vigencia del Decreto Ejecutivo que lo reconoció”, explicó.
“Tampoco corresponde a esta Procuraduría resolver la divergencia de criterio existente entre el Ministerio de Hacienda y los Ministerios de Trabajo y Planificación en cuanto al pago del aumento salarial estipulado para el año 2020”, agregó.
El exministro Chaves consultó acerca de la viabilidad de la suspensión días después de su anuncio (Captura de pantalla)
Christine Jenkins Tanzi
