Tomás Gómez
La falta de argumentos y pruebas llevaron a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) a archivar la denuncia que se tramitaba en contra los rectores de las universidades estatales.
A los académicos se les había denunciado por, supuestamente, difundir información imprecisa que provocó la protesta estudiantil del 22 de octubre, en la que se exigió al Gobierno no recortar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Los escritos de las quejas, sin embargo, eran escuetos.
“Ninguno de ellos expresó con la precisión, claridad y el detalle necesario, cuál era el aparente acto de corrupción, falta ética o infracción al deber de probidad que debía investigarse”, adujo la Procuraduría.
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Para profundizar la investigación, la Procuraduría pidió a los denunciantes información adicional que no fue facilitada.
“No está de más señalar que, considerando la información a la que se ha tenido acceso no se justifica la invervención de esta instancia en la realización de diligencias adicionales a las ya practicada, pues no se ha revelado indicio alguno de que los aquí denunciados pudieron haber incurrido en conductas ímprobas, o bien, constitutuvas de alguno de los delitos competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública”, concluye un informe firmado por la procuradora Johanna Masís.
El origen de la denuncia
El presupuesto del 2020 pretendía que 70.000 millones del FEES fueran dedicados a gastos de capital.
Las universidades alegaron que tal medida vulneraba sus inversiones y que afectaría temas como becas, regionalización e investigación.
En protesta, se convocó a una marcha hacia Casa Presidencial y tras horas de discusiones el Poder Ejecutivo cedió, permitiéndole a las instituciones definir sus categorías de gastos según su “autonomía”.
Dos días después, el periodico La Nación publicó un reportaje titulado “Rectores manipularon a estudiantes para presionar al Gobierno”, en el que se denunciaba que las becas nunca estuvieron en peligro por la modificación presupuestaria.
En el Congreso, el presidente legislativo habló al respecto y anunció acciones legales contra los jerarcas universitarios.
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Amparada en el mensaje de Benavides una persona, cuya identidad no trascendió, pidió la intervención de la PEP mediante la denuncia que ahora se desestimó.
A la vez, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, y de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, pidieron a la PEP investigar su caso.
