Desde la Columna
Alberto Quesada Rojas
Asesor de Incidencia Política – Fundación MarViva
Costa Rica perdió la oportunidad de impulsar un cambio de paradigma en la gestión de los residuos plásticos.
En el marco de las discusiones legislativas para aprobar una nueva ley que atienda la problemática de la contaminación generada por estos residuos, diputados y diputadas han optado por postergar la adopción de un marco legal integral y holístico.
Señalaron vehementemente que “su idea nunca ha sido cambiar el sistema a través de prohibiciones, sino impulsar cambios a través de procesos educativos y reciclaje”.
Como consecuencia, se optó por debilitar los alcances de la iniciativa de Ley 20.985, recientemente aprobada en primer debate.
Haciendo caso omiso de las recomendaciones técnicas de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, diputados y diputadas han avanzado en un proyecto de ley que no aporta prácticamente nada nuevo a lo que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico.
Este proyecto de ley incorpora disposiciones tales como: la obligación de contemplar la gestión integral de los residuos plásticos en los programas de educación; indica las medidas que deberán cumplir los importadores y productores de botellas sobre reciclaje; y determina que los productores de bolsas deben utilizar un porcentaje de material reprocesado.
Sin embargo todas estas medidas ya son parte de los alcances de la Ley 8.839, Ley para la Gestión Integral de Residuos de 2010 (artículos 8, 19, 22, 41, 42).
Reciclaje insuficiente
En nuestro país, la promoción del reciclaje comenzó desde finales de los años ochentas. Tras la aprobación de la Ley 8.839, se oficializó la obligación de separar los residuos en la fuente y de reciclarlos. La responsabilidad de implementar esta disposicón recae, de manera compartida, en autoridades públicas, sector privado y consumidores.
Además la misma ley estableció la obligación del Ministerio de Educación Pública de promover planes educativos que aborden la gestión integral de residuos. Desde entonces, esta obligación ha sido retomada en todas las políticas y estrategias oficializadas a nivel nacional en la materia.
No obstante, según datos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica y la misma industria del plástico, en Costa Rica se recicla únicamente el 5% de los desechos plásticos. Y existe otro 5% que se exporta a lugares como Hong Kong, Malasia, Vietnam, Honduras y Nicaragua, en cuyo caso, se desconoce si fueron gestionados de manera efectiva.
El 90% restante está en el ambiente. Nunca fue gestionando y se suma a las cifras globales que indican que, de los 8.300 millones de toneladas de plástico producidos a la fecha, solamente el 9% se ha reciclado.
Contraria a la decisión de nuestros diputados, la tendencia mundial ha sido reconocer la necesidad de impulsar un cambio de paradigma, según el cual, el reciclaje no sea la única medida de gestión de los residuos.
Irlanda, Dinamarca, Portugal, Escocia, Reino Unido, la Unión Europea, Nueva York, California, Colorado, Washington, Portland, Toronto, Israel, Rwanda, Kenia, India, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Panamá, Santa Marta, Malasia, Filipinas, Bangladesh, Australia, entre otros; han establecido estrategias de reducción de la contaminación por desechos plásticos que incluyen impuestos y prohibiciones, además del reciclaje. Las primeras fueron implementadas desde principios de la década del 2000, y todas han mostrado ser altamente efectivas.
El reciclaje del plástico es una práctica que debe seguir impulsándose, pero no puede ser la única medida. Hemos perdido una maravillosa oportunidad para que Costa Rica esté a la altura de otros países que han regulado esta materia con éxito, con una visión holística y sostenible, que han dado pasos contundentes en el camino a la disminución de la generación de desechos plásticos, y que han dicho #ChaoPlásticoDesechable.
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