Paulo Villalobos
El expresidente de la República, Óscar Arias, consiguió – por segunda vez en menos de un año – un sobreseimiento definitivo por el caso Crucitas.
El dos veces Presidente (1986-1990 y 2006-2010) evadió un debate oral y público, en el cual se le juzgaría por aparentemente haber firmado dos documentos contrarios a derecho, en beneficio de un desarrollo de minería a cielo abierto en Cutris de San Carlos, Alajuela.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dispuso la resolución, luego de que entre el 16 y 17 de setiembre de 2019, recibiera a las partes en la fase de audiencia preliminar.
El abogado del exmandatario, Rodolfo Brenes, confirmó la decisión en un comunicado de prensa. Según el defensor de Arias, el motivo del sobreseimiento fue la prescripción de los hechos.
“Recibimos complacidos esta decisión, aunque lamentamos que el Ministerio Público haya reabierto un proceso penal sin que existiera ninguna prueba nueva que así lo justificara, en un caso donde claramente no se cometió delito y donde los hechos están prescritos desde hace tiempo”, señaló el representante legal.
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Dos veces acusado
El Ministerio Público acusó a Arias de dos cargos de prevaricato.
El delito se produce cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos. Tiene una pena de entre dos y seis años de cárcel.
El supuesto actuar indebido del exgobernante se dio, presuntamente, en dos momentos:
- Cuando firmó una resolución para “convalidar y subsanar” la concesión minera a la empresa canadiense Industrias Infinito. Esto a pesar, según se sospecha, que ese permiso lo derogó la Sala Constitucional y que el proyecto no tenía un nuevo estudio de impacto ambiental.
- Cuando declaró el proyecto de conveniencia nacional, por medio del decreto número 34.801, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Lo anterior sin que, en apariencia, existiera un análisis de costo-beneficio que la deforestación de 193 hectáreas de bosque generaría mayores beneficios sociales que impactos socio-ambientales.
Arias ha defendido su inocencia y ha descalificado la acusación, al señalar que se trata de una “teoría de la conspiración”.
“En que mente puede caber que Óscar Arias (…) iba a llegar yo a violar la ley, cuando había jurado respetar la Constitución. Es inaudito una cosa como esta. Es una persecución política, es un deseo de manchar el nombre mío”, dijo cuando se apersonó a los tribunales hace una semana.
Además acusó a las autoridades, por permitir – según él – que Nicaragua se llevara el oro de Cutris. Operaciones ilegales de mineros artesanales han generado un daño ambiental, al momento de extraer oro en condiciones inseguras.
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Reactivación tras cambios
El expediente contra el expresidente Arias quedó reabierto el 30 de octubre de 2017, por orden de la fiscala general Emilia Navas. Para ese momento, la abogada permanecía en el cargo de manera interina ante la jubilación de Jorge Chavarría.
Chavarría remitió la causa 12-000124-0621-PE al Juzgado Penal de Hacienda con una solicitud de desestimación desde el 2014. Se fundamentó en la falta de elementos probatorios.
Sin embargo, después de un análisis jurídico del caso, el Ministerio Público determinó que era necesario ahondar en la búsqueda de nuevas pruebas que, en otro momento, no se incorporaron al legajo de investigación.
Ese mismo día, al Nobel de la Paz se le citó para que rindiera declaración indagatoria. Se dio hasta el 8 de noviembre de 2017.
El 17 de enero de 2019, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública resolvió acumular el expediente de Arias con el de su exministro de Ambiente, Roberto Dobles, que se tramitaba bajo el numeral 8-000011-0033-PE.
En esa causa, también se le atribuyen dos cargos de prevaricato, al igual que al resto de imputados:
- Cinthya Cavallini, exjefa del Registro Nacional Minero
- Sonia Espinoza, exsecretaria técnica Ambiental
- Eduardo Lezama, de la Comisión Plena de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena)
- Jorge Boza, de la Comisión Plena
- Carmen Cruz, de la Comisión Plena
- José Corrales, de la Comisión Plena
En esa causa, Dobles resultó condenado a tres años de cárcel el 28 de enero del 2015, por el Tribunal Penal de Hacienda. En ese momento se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, así como una inhabilitación para ocupar puestos públicos. Además el órgano absolvió de culpas a los otros seis exfuncionarios.
Siete meses más tarde, el exministro recurrió y pidió anular la sentencia por falta de argumentación. El 2 de diciembre del 2015, el Tribunal de Apelación de la Sentencia del II Circuito Judicial de San José resolvió ordenar un nuevo juicio contra los implicados.
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Nuevo proceso
Un día después de la acumulación de expedientes, las representaciones legales del exmandatario Óscar Arias, del exministro Roberto Dobles y los seis extrabajadores; debieron asistir a la sede del tribunal de Goicoechea, para el arranque de una audiencia preliminar.
El proceso acabó el 21 de febrero de 2019 con el dictado de un auto de apertura de juicio contra todos los acusados excepto el exgobernante. A Arias se le ordenó un sobreseimiento definitivo, por cuanto que se encontró que los hechos atribuidos a Arias habían prescrito.
Menos de 24 horas después, Emilia Navas, anunció que apelaría la decisión. Señaló que el Juzgado Penal se equivocó en el cálculo de la prescripción.
Sin entrar a conocer el fondo, el Tribunal Penal de Hacienda anuló el sobreseimiento para que un nuevo juez resuelva la extinción del delito.
De esa forma el caso Arias llegó el 16 de setiembre 2019 por segunda vez a audiencia preliminar. Mientras tanto, los demás encartados esperan un fallo, con el que se puede programa el juicio.
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Paulo Villalobos
