Paulo Villalobos
El 19 de octubre del 2019, un grupo de privados de libertad del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero – conocido como La Reforma – se manifestó de manera violenta contra órdenes emitidas por el Ministerio de Salud. Las autoridades prohibieron el ingreso de visitantes debido a un brote de paperas.
Los reclusos quemaron colchones y dañaron inodoros, llavines de las puertas, paredes, tuberías así como un portón; al tiempo que se enfrentaron a la Policía Penitenciaria con tablas, piezas de cerámica, armas punzocortantes, escombros, piedras y agua con jabón.
Los oficiales debieron intervenir. Primero trataron con diálogo y luego con la suspensión momentánea de las visitas y del fluido eléctrico. Sin embargo después los agentes usaron bombas de gases lacrimógenos, escudos de metal y extintores, con el fin de ingresar al salón para sacar a los revoltosos.
En esa labor, los policías penitenciarios incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza. Así lo determinó la Sala Constitucional, al declarar parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto por 15 privados de libertad tras el motín.
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Agresiones oficiales
En octubre del 2019, la Policía Penitenciaria se enfrentó a un grupo de privados. (Ministerio de Justicia y Paz)
Mediante análisis realizados por la Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Joaquín de Flores, las autoridades judiciales determinaron que los amotinados sufrieron golpes considerables. El día del evento, según con los hechos probados de la resolución 244776 del 13 de diciembre de 2019, se atendieron:
- 66 personas en la Clínica del Centro de Atención Integral
- cinco personas en sitio en el ámbito donde se presentó el motín
- una cantidad no determinada de trasladados al hospital San Rafael de Alajuela
Dentro de las lesiones contenidas en los dictámenes, se dieron por probadas heridas en la piel, hematomas, edemas (exceso de líquido) y fracturas, entre otros; en tronco, extremidades y cuello de múltiples reos.
Estas se provocaron, tal y como se indica en algunos de los testimonios recogidos, con varas policiales, puñetazos así como puntapiés.
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Justicia: cámaras claves estaban “rotas”
La cárcel en San Rafael ahora se llama Jorge Arturo Montero. (Ministerio de Justicia y Paz)
Antes de entrar a discutir si hubo o no un uso excesivo de la fuerza, los magistrados invocaron el principio de la carga dinámica de la prueba; es decir señalaron que las autoridades de la Policía Penitenciaria tenían la responsabilidad de presentar evidencias, de que no incurrieron en exceso de fuerza.
Entonces la Sala Constitucional solicitó que suministraran los videos grabados por dos cámaras de vigilancia situadas en el patio del pabellón; las dos colocadas en techos del módulo; así como la que opera en el pasadizo externo del lugar.
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La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, contestó que los dispositivos estaban rotos, por lo que no funcionaban. Señaló que las imágenes que las cámaras se borran de manera automática, debido a que el software con el que trabajan no tiene mayor capacidad de almacenamiento.
“Dada la escasa información brindada por las autoridades penitenciarias recurridas, de conformidad con las reglas de la sana crítica, se comprueba que en el caso presente, se dio un uso irrazonable de la fuerza”, señala el fallo de la Sala.
En el por tanto, el tribunal ordenó a la jerarca, así como a la directora del centro penal, Jenny Umaña, y su jefe de Seguridad, Róger López, adoptar de manera inmediata medidas para que se eviten a futuros nuevos incidentes como los ocurridos el 19 de octubre.
También deben reparar las cámaras y guardar, por al menos un mes, los videos grabados.
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Descargo policial
Consultado por El Observador, el subdirector de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, anunció el compromiso de la cartera de cumplir con la orden de la Sala Constitucional.
“Curiosamente, el no poder demostrar mediante el video de cámaras lo ocurrido es lo que hoy nos pone en esta urgencia”, manifestó por escrito Ching.
“No debe quedar ninguna duda de que la institución hará las gestiones necesarias, con la actitud positiva que eso significa para el bienestar de la policía, la población privada de libertad y en general de todo el sistema penitenciario”, reaccionó el subdirector.
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Paulo Villalobos
