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Plazo para regularizar trabajadores del sector agro con arraigo en el país vence este martes

Este martes 22 de setiembre se acaba el plazo dictado por las autoridades de agricultura y de migración para que…

Por Paula Umaña

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Plazo para regularizar trabajadores del sector agro con arraigo en el país vence este martes
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Este martes 22 de setiembre se acaba el plazo dictado por las autoridades de agricultura y de migración para que las personas trabajadoras o los patronos solicitaran una regularización de la situación migratoria de las personas con arraigo en el país y que forman parte de la mano de obra de las fincas agrícolas.

Además, será a partir de este miércoles, cuando la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) pueda multar hasta con dos y hasta 12 veces el monto de un salario base a los propietarios de las fincas que mantengan entre sus trabajadores personas con situaciones migratorias fuera de regla.

“Aquellas empresas que contraten población migrante sin regularizar, a partir del 23 de setiembre se exponen al proceso sancionatorio”, explicó a El Observador la viceministra del Agricultura y Ganadería (MAG), Ana Cristina Quirós.

Según el decreto, aquellas personas que comprobaran haber ingresado y permanecido en el territorio nacional entre el 15 de enero de 2016 y el 15 de enero de 2020, con el fin de atender los requerimientos de mano de obra del sector agroproductivo, podían plantear su solicitud para optar por el régimen de excepción.

Temor por escasez

La fechas límites ya llegaron y el sector agrícola mantiene la preocupación por perder parte de las cosechas ante el eventual panorama de no contar con la mano de obra necesaria.

Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroexportación, señaló que hay una “inmensa preocupación” y que le han solicitado al Gobierno ampliar las fechas, pero no han obtenido respuestas favorables para el sector.

Mencionó que en gran parte de los cultivos más del 50% de mano de obra son trabajadores extranjeros, sobre todo nicaragüenses. Esto se ve directamente afectado por los cierres de fronteras terrestres que mantiene Costa Rica.

La preocupación deriva en que el sector agro necesita una mano de obra de unas 70 mil personas para las cosechas que se aproximan como son las de café, melón, sandía y caña; en febrero también está la de naranja.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al viernes 11 de setiembre, solo 5.300 trabajadores radicados en Costa Rica, y que se dedican a labores agropecuarias, habían tramitado su proceso de regularización ante la institución.

“Es un hueco en el estómago para todos los productores (…), está muy difícil, está muy nerviosa la gente”, dijo Lizano sobre la inquietud de los productores.

La fe de los productores está puesta en que los costarricenses apoyen en la mano de obra para las próximas cosechas.

OBSERVE MÁS: Escasez de recolectores de café preocupa en Zona de los Santos, donde dependen de la cosecha

Preocupación en café

Solo en la Zona de los Santos se necesita más de 33 mil recolectores de café para el inicio de la cosecha que se preveé para principios de noviembre. Sólo Coopetarrazú, principal cooperativa de la Zona, requiere 14 mil personas que trabajen en las fincas cafetaleras.

En la base de datos de Coopetarrazú se registran cerca de 3 mil recolectores; esto abarca un 22% de la totalidad que se necesita.

Justamente, la Cámara Nacional de Cafetaleros y el Instituto Costarricense de Café (Icafé) pidieron al MAG extender las fechas para el registro de trabajadores con arraigo y la entrada en vigencia de las multas; pero la respuesta fue un rotundo “no”.

“Hay una disposición del gobierno de no extender ninguno de los dos decretos, es un instrumento para que empresarios y finqueros se ajusten al cumplimiento de la ley de no tener migrantes sin documentos”, dijo hace algunos días Renato Alvarado, ministro de Agricultura.

Entre los requisitos establecidos en el decreto, estaba la obligación de presentar, el día de la cita, el formulario de solicitud, la prueba de identidad, declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas, y cancelar los trámites respectivos con un costo total de $60.