Juan Pablo Arias
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) habilitó una nueva fase del proceso de automatización de consulta de las deudas en el Centro de Información Crediticia (CIC), luego de la entrada en vigor de la reforma a la ley 7472.
Con la imposición de un tope a los intereses, también se creó el requisito para los oferentes de crédito de revisar las operaciones de sus potenciales clientes.
Dicha disposición fue incluida por los diputados en la reforma, sin que mediara una gestión previa con Sugef, lo que causó una avalancha de consultas que no podían tramitarse.
Como resultado, la superintendencia tuvo que correr para ajustar sus sistemas informáticos y habilitar au plataforma de consultas a más usuarios.
“Ya se está ofreciendo a los 4.000 nuevos oferentes de crédito registrados, el mismo trato que se les brinda a las 45 entidades supervisadas antes de la reforma normativa”, dijo el superintendente Bernardo Alfaro.
“Esto llevará tiempo y esfuerzo por parte de un equipo de funcionarios que es relativamente pequeño, pues la Sugef nunca había enfrentado un reto de semejantes proporciones, que además no nos fue consultado ni dimensionado por la ley, ya que no incluyó ningún transitorio para poder adecuar nuestros sistemas en un tiempo razonable”, agregó.
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Plataforma para consultas
En esta nueva etapa se habilitó un mecanismo de registro para que los oferentes crediticios puedan inscribirse como usuarios del CIC y así incluyan las autorizaciones de sus clientes y la declaración jurada requerida, de manera que luego puedan consultar en forma directa los reportes crediticios correspondientes.
Este proceso es transitorio, mientras se continúa mejorando el sistema informático y se logra el registro automatizado.
De momento, las empresas pueden registrar a un máximo de dos empleados como usuarios en el CIC, además de reportar un “Usuario Administrador”, para que en la siguiente etapa de automatización, dicho perfil pueda incluir nuevos usuarios en el CIC que gestionen autorizaciones y consultas de información de clientes.
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Alfaro hizo una advertencia a los oferentes de crédito sobre las responsabilidades que adquieren al tener acceso a la Información del CIC, según se definen en el Inciso d) del Artículo 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual prohíbe suministrar a terceros cualquier dato de la información a la que se refiere este artículo, ya que el incumplimiento al mismo, podrá ser sancionado con una pena de prisión de 3 a 6 años, así como la destitución del cargo, sin responsabilidad patronal.
