Paula Ruiz
Santiago Álvarez Ovares, asesor del presidente Carlos Alvarado, aseguró este miércoles a los diputados que no tramitó información sensible para el desarrollo de sus funciones en Casa Presidencial.
Álvarez afirmó que los datos fueron utilizados para la generación de políticas públicas y se trató de “información pública”.
Sus declaraciones fueron expuestas en menos de cinco minutos en la comisión investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“La información solicitada (…) en ningún caso se trata de información sensible sino pública o despersonalizada”, respondió a los legisladores.
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Álvarez, quien de formación indicó ser ingeniero industrial, manifestó su disposición a trabajar en beneficio de las personas más vulnerables del país.
Su labor desde el despacho del mandatario se centra en darle seguimiento a iniciativas sociales del Gobierno “para buscar el bien común”, según expuso a los congresistas.
Luego de algunos minutos de intercambio en la comisión, posteriormente decidió guardar silencio.
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- Oficios relacionados con solicitud de información contenida en el Sinirube
Nombre, cédula, dirección…
Si bien el asesor presidencial dijo que no ha solicitado información sensible, en el oficio DP-0197-2018 del 20 de noviembre de 2018, Álvarez pidió datos detallados de beneficiarios del Fondo Nacional de Becas (Fonabe).
La gestión la realizó a través de María Fullmen Salazar, entonces jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el objetivo de tener acceso a la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
“Le solicito de manera atenta y respetuosa nos suministre la base de datos del Sinirube de las personas beneficiarias del programa de becas de Fonabe contemplando las siguientes variables:
Nombre completo del padre, madre y/o encargado, número de cédula, teléfonos, nombre completo del beneficiario, número de cédula, ubicación, zona, código de persona, relación con el jefe o jefa de hogar, sexo, estado civil, nacionalidad, nivel educativo, centro educativo y edad”, señala la comunicación.
“Adicionalmente, se requiere información sobre el programa: nombre de la institución, programa social y el beneficio que cada persona registrada recibe, la descripción del pago por monto y fecha de los pagos o transferencias y la fuente de financiamiento”, agrega la solicitud de Álvarez Ovares.
El Observador informó el domingo anterior que tras las gestiones de la jefa de despacho de Salazar, el Sinirube le trasladó los datos el 14 de diciembre de 2018.
“No omito manifestar que por lo sensible de la información ésta debe ser resguardada por su persona con la mayor discreción para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales No. 8968″, advirtió Erickson Álvarez, director ejecutivo de Sinirube a Santiago Álvarez.
- Identificación del hogar
- Nombre jefe
- Nombre completo padre, madre y/o encargado
- Nombre completo beneficiario
- Identificación
- Tipo de identificación
- Teléfono
- Provincia
- Cantón
- Distrito
- Zona
- Código de la persona
- Relación de parentesco
- Sexo
- Estado civil
- Nacionalidad
- Nivel Educativo
- Asistencia Centro educativo, no se dispone del nombre del centro educativo, sino de si se da la asistencia en un centro educativo.
La diputada Franggi Nicolá recordó al asesor presidencial que sus declaraciones ante la comisión legislativa estaban “bajo fe de juramento”.
Aunque la congresista le repreguntó si podía confirmar que no pidió datos sensibles, Álvarez Ovares se negó a responder.
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Destitución por silencio
Luego de su breve exposición, Álvarez se escudó en su derecho de “abstenerse” a responder preguntas realizadas por diputados.
De igual forma se resguardó en una denuncia judicial presentada por la legisladora Silvia Hernández contra el asesor presidencial y el Director Ejecutivo de Sinirube, por recibir información sensible sin la existencia de un acuerdo de confidencialidad.
Algunas consultas que se negó a contestar guardan relación con su salario, a quién pertenece su plaza y si tuvo relación con la UPAD.
Pedro Muñoz, diputado socialcristiano, adelantó que pedirá la destitución del asesor por no rendir cuentas de su trabajo.
Mientras Floria Segreda, congresista de Restauración Nacional, cuestionó que el silencio del asesor era una burla para los legisladores quienes empleaban tiempo para analizar lo sucedido alrededor de UPAD.
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