Tomás Gómez
La Sala Constitucional publicó una nueva sentencia donde recalcó que aún en tiempos de pandemia, se deben respetar los procedimientos para los retenes vehiculares y sobre todo para la requisa de vehículos.
El caso responde a un recurso de hábeas corpus interpuesto por un estudiante de derecho de la Zona Sur, a quienes oficiales de la Fuerza Pública revisaron su vehículo sin autorización.
Según el reclamo, los hechos se dieron en uno de los operativos relacionados con la alerta naranja por el estado de COVID-19 en el cantón de Corredores, donde se vigilaban temas de salud, mercadería y migración.
Los magistrados pidieron explicaciones a la policía, que argumentó que “en todo momento de la verificación de rutina (el reclamante) se mostró, tembloroso, con voz entre cortada, tartamudo y con ojos rojos”.
“Por mostrarse así de inquieto fue que se le practicó una revisión superficial de su vehículo, en su cajuela, guantera y por no encontrarle ningún ilícito, se sigue con el protocolo de realizar archivo policial”, según se consignó en la sentencia.
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La explicación fue refutada por los altos jueces, quienes retomando sentencias anteriores recordaron que toda revisión de vehículos deber ser autorizada por sus conductores de manera “libre y expresa”.
Se recordó también que las operaciones de este tipo requieren de una noticia relacionada con hechos ilegales que justifiquen la actuación en zonas geográficas específicas.
De acuerdo con la sentencia, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, y el jefe de la Delegación Cantonal de Corredores, Noé Guerrero, deberán abstenerse de repetir procedimientos de este tipo.
Además se estableció que el Estado deberá responder por los daños y perjuicios por un monto a definir por el Tribunal Contencioso Administrativo.
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