Paula Ruiz
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) justificó el respaldo a que las municipalidades puedan realizar contrataciones administrativas, en vez de utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con tal de beneficiar a empresarios de cada cantón.
Ese es uno de los beneficios que buscan las alcaldías a través del proyecto de ley 21.922, que fue altamente cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR).
El artículo 10 del plan pretende autorizar a las municipalidades e intendencias a efectuar contratos mediante contratación administrativa durante la emergencia nacional actual por COVID-19.
Mediante el Sicop, todas las empresas que así lo deseen, pueden participar y presentar sus ofertas, lo cual permite transparentar el trámite. Sin embargo una contratación administrativa elige sin filtro, con base en la Ley de Contratación Administrativa.
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Karen Porras, jerarca en UNGL, reconoció que buscarán beneficiar a empresarios locales. (Facebook)
De acuerdo con Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, pretenden este beneficio solamente durante el tiempo que se mantenga la emergencia.
“Para reactivar la economía y responder a una situación de emergencia, como la que vive el país, se requiere de tramites más inmediatos y oportunos, donde se pueda priorizar al empresario local, a aquellas empresas que mediante su trabajo generan empleo y desarrollo al cantón”, reconoció Porras.
Porras consideró que cuando se emplea el Sicop, las grandes empresas son quienes tienen mayor posibilidad de presentar ofertas, debido a que cuentan con mayores medios para integrarse.
“Dejando de lado a las empresas locales, sobre todo en la zona rural, y que muchas veces tienen mejores precios”, indicó la UNGL en un comunicado.
Los gobiernos locales pretenden realizar este tipo de contrataciones para reactivar las economías en cada cantón. Dentro de sus argumentos para no utilizar Sicop en este período está el egreso aproximado de ¢8 millones anuales por concepto de pago de tarifas.
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La regla fiscal
El proyecto de ley en cuestión fue duramente cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR), por pretender la desaplicación de la regla fiscal.
“Una exclusión definitiva de los gobiernos locales y sus dependencias, de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo, sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo de esta propuesta”, indica la respuesta de la CGR.
Porras indicó que las municipalidades tendrán que limitar su gasto corriente y de capital, sin que ello tenga el efecto de reducir el déficit fiscal del Gobierno Central.
“Una municipalidad podría tener recursos para invertir en infraestructura para beneficio de las personas y no podrá hacerlo”, detalló Porras.
María José Corrales, diputada verdiblanca que lidera la mesa de trabajo relacionado con asuntos municipales, indicó que seguirán adelante con el proyecto, pese a las observaciones del ente contralor.
La iniciativa fue convocada a las sesiones extraordinarias por parte del Gobierno, para que pueda ser sujeto de análisis de la Asamblea Legislativa.
Histórico fracaso y rezago
Costa Rica ha fallado en implementar un sistema unificado para las compras públicas. Desde el 2012 la Contraloría recomendó e instruyó a que unificaran las diversas plataformas digitales para compras existentes en las instituciones públicas.
Tras el desarrollo de CompraRed (2001) que no era totalmente digital, vino Mer-Link (2010). En el 2015, con mucha polémica se lanzó Sicop, manejado desde Hacienda. Hoy en día, el pendiente sigue. Apenas en diciembre del 2019, la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que comenzaría a sumar todas sus adquisiciones a través del Sicop.
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