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MOPT aún no define sanción a la empresa CHEC por sacar maquinaria del país sin permiso

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) continúa sin definir una sanción para la empresa China Harbour Engineering Company…

Por Paula Umaña

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MOPT aún no define sanción a la empresa CHEC por sacar maquinaria del país sin permiso
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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) continúa sin definir una sanción para la empresa China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), encargada de la ampliación de la ruta 32, por sacar maquinaria del país sin sus permisos.

El jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, aseguró que analizan desde la perspectiva legal las alternativas que brinda el contrato, para “darles una lección importante por el desconocimiento de la autoridad del ministerio”.

Según el ministro por ese estudio aún no se ha determinado qué clase de sanción se le impondría a la empresa del gigante asiático.

El pasado 13 de junio, el diputado liberacionista David Gourzong denunció que CHEC habría enviado maquinaria a Jamaica en un buque. En esa isla la empresa supuestamente maneja un proyecto de construcción de gran tamaño.

El legislador por Limón reclamó que la compañía no puede sacar la maquinaria que internaron temporalmente en el país y que está bajo un régimen especial, a menos que el MOPT le haya firmado una autorización y que el director de la Unidad Ejecutora de la ampliación de ruta 32 la haya firmado.

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China se defiende

Este lunes, el ministro Méndez Mata reiteró su intención de sancionar a CHEC. (Presidencia)

CHEC aseguró que la maquinaria reexportada – 27 unidades en total – necesita reparación por desperfectos mecánicos, estaba en desuso o ya había cumplido sus funciones en la reconstrucción de la carretera a Limón. Los chinos insistieron en que realizaron la consulta para sacar la maquinaria del territorio nacional.

“CHEC, de manera transparente y respetuosa de la legislación, procedió a hacer la consulta a la Dirección General de Aduanas, órgano competente conforme con la Ley General de Aduanas y su Reglamento, sobre los requisitos para la reexportación. Una vez cumplidos los requisitos, la compañía presentó a la Dirección General de Aduanas la solicitud, que finalmente se autorizó, con base en un análisis técnico-legal y previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación nacional”, señaló la empresa china.

“Durante el proceso en aduanas, se nos indicó que todo estaba en regla, sin embargo, fuimos notificados de la disconformidad por parte de las autoridades del MOPT cuando ya era imposible detener la exportación”, explicó Teresa Wu, gerente de Relaciones Públicas de CHEC, cuando trascendió el conflicto.

El ministro Méndez insistió en que la salida de la maquinaria no tenía el visto bueno de su cartera. El jerarca ha señalado múltiples veces su disconformidad con la ejecución de los trabajos de la ruta 32, pues presentan serios atrasos en sus avances.

“Hemos dado evidencia de nuestra presión hacia la empresa para que haga una mejor gestión de su responsabilidad como contratista”, señaló el jerarca del MOPT.

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Cadena de dudas y rezagos

(Marco Marín/El Observador)

La ampliación de la ruta 32 hasta Limón ha sido un dolor de cabeza para el MOPT. (Marco Marín/El Observador)

El proyecto de ampliación de ruta 32 ha sido una novela con múltiples episodios, la mayoría de pleitos, atrasos y postergaciones. Fue negociado en la administración de Laura Chinchilla (2010-14), pero sufrió un tenso y lento progreso en la Asamblea Legislativa.

El plan consiste en llevar a cuatro carriles los 107 kilómetros entre el cruce a Río Frío y Limón; restaurar más de 30 puentes; construir cinco intersecciones, más de 20 puentes peatonales, bahías; ampliar calles; y otras obras.

Los diseños definitivos debían estar listos en setiembre del 2017, pero no sucedió. Aún así, el entonces presidente Luis Guillermo Solís lanzó una orden de inicio en noviembre de ese año, que se convirtió en un espejismo, pues no arrancaron las obras (incluso antes en el 2016 anunciaron una orden similar). Se dio hasta abril del 2018.

El plazo de construcción original era de 34 meses, que vencían en octubre del 2020. CHEC pidió una prórroga de 400 días, de los cuales el MOPT reconoció 174. La meta nueva es marzo del 2021, aunque es poco claro si se cumplirá. La empresa alegó que el expresidente Solís dio la orden sin tener todas las condiciones listas.

En febrero del 2019, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) encontró problemas en la construcción, al tiempo que el MOPT de Rodolfo Méndez intensificó las presiones sobre CHEC.

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La queja más constante del jerarca del MOPT es el atraso de las obras, sobre todo en los primeros 20 kilómetros después de Río Frío. El rezago en el proyecto, según los informes del Gobierno, es de más del 40%.

En mayo, durante el inicio de las obras en la ruta San José-San Ramón a las alturas del Conservatorio Castella, Méndez afirmó que la fecha pactada para cumplir con la conclusión puede prorrogarse por derecho de la empresa, pero que la comunicación continuaría para fiscalizar que las obras sigan a buen ritmo.

Semanas atrás, la empresa señaló que los trabajos se verían afectados por la pandemia del coronavirus, pero no determinó detalles sobre dicha afectación.

El proyecto significa una inversión de $465 millones, $396 de un préstamo con el Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank) – aprobado a inicios del 2015 – y $100 millones del Estado costarricense.

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