Las problemáticas políticas surgidas a raíz de temas específicos, sean los salarios de trabajadores públicos o la firma de la norma técnica, están volviéndose una constante para el gobierno de Carlos Alvarado.
Es una de las conclusiones del programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional (UNA), presentado esta mañana.
Según los expertos, el fenómeno caracterizó a las administraciones de Abel Pacheco (2002-06) y Laura Chinchilla (2010-14).
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Fisionomía de las crisis
Según el investigador Carlos Carranza, el proceso electoral del 2018 dejó aún más fraccionado el poder local. “Costa Rica cambió el régimen político porque fraccionó su democracia en más espacios”, mencionó.
Para describir las “minicrisis”, Carranza enlistó como elementos:
- se concentran en destituir figuras políticas
- reabren temas que ya estaban negociadas
- aprovechamiento de nuevas tecnologías para no depender sólo de medios de comunicación
En el estudio se da un espacio también para analizar el surgimientos de nuevos temas sociales y morales, que hasta hace años no tenían espacio en el debate.
“Si dejamos que se sumen las minicrisis vamos a terminar en una crisis política”, aseveró el experto. Como ejemplos citó las protestas de Suramérica, en países como Chile o Brasil, por temas de desigualdad.
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Problemas internos
El diagnóstico académico encontró también que el Poder Ejecutivo lleva sus propias minicrisis internas.
Las diferencias entre jerarcas y sobre todo la separación de las instituciones autónomas de la línea de Gobierno así lo manifiestan y llevan repercusiones. Se han visto esas disputas en el Ministerio de Hacienda y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), por citar dos casos.
Con ello los espacios políticos se ven cada vez más reducidos y demandan cambios en el estilo de negociación.
La UNA destacó que es necesaria un cambio de lectura del poder que han ido alcanzando los movimientos sociales, sobre todo de cara a temas venideros como la Ley de Empleo Público.
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