Paula Ruiz
La Corte Plena desestimó la acusación contra el diputado Otto Roberto Vargas, quien había sido acusado por la Fiscala General, Emilia Navas en junio de 2019, por el presunto delito de concusión.
Como se trata de un representante de supremos poderes de la República, Navas había solicitado a los magistrados el levantamiento de inmunidad parlamentaria para que Vargas se sometiera al procedimiento.
Sin embargo, los magistrados resolvieron en favor del parlamentario.
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“Por lo tanto: Se desestima la acusación dictada en contra del señor Otto Roberto Vargas Víquez, diputado de la Asamblea Legislativa, por el delito de concusión en perjuicio de los Deberes de la Función Pública”, señala el documento del cual El Observador tiene copia.
Vargas externó su satisfacción por la desestimación que repercute en la no continuidad del procedimiento.
“(Los magistrados) llegan a la convicción, fundada e ilustrada, de que los hechos denunciados no son delito, no es una simple decisión, es una elaborada, detallada y profunda resolución tomada por los que son los más altos Jueces y Juristas que Administran la Justicia y el Derecho en nuestro país, que integran la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, uno de los tres Poderes de la República”, declaró el diputado.
Marco Montenegro (izquierda) es uno de los asesores en cuestión. En la imagen, el diputado Vargas (derecha), mientras en el centro, uno de sus abogados y su secretaria de despacho. Foto: Paula Ruiz.
¿Por qué fue denunciado?
En 2018, Andrés Monge Marranghello, uno de los asesores legislativos de Vargas, denunció que el diputado lo obligó a dividir su salario con Marco Montenegro, otro funcionario del despacho.
El denunciante, aseguró que el diputado buscó beneficiar el patrimonio de Montenegro, quien laboraba ad honorem. Según el documento, Monge Marranghello accedió por tres razones: apego afectivo hacia el legislador, por sus dificultades económicas, así como psicológicas.
Ante esto, accedió a desembolsarle 103.000 colones quincenales a Montenegro.
Sin embargo, tras un examen pormenorizado de los magistrados con respecto de las pruebas presentadas por la Fiscalía, concluyeron que eran insuficientes y solo daban cuenta de un acuerdo entre ambos asesores sin la influencia de Vargas.
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“Las comunicaciones aportadas por el denunciante, y que proceden del sistema de mensajería “WhatsApp” dan cuenta, mayoritariamente, de comunicaciones entre Andrés (denunciante) y Marco (beneficiario), no así de Andrés y el imputado”, se lee en la resolución.
“En los casos en donde sí hay comunicación entre estos últimos, lo que se aprecia es una relación estrecha, basada en la confianza e incluso el rol parental que el imputado ejercía sobre el ofendido. Sin embargo, no se extraen elementos de convicción que se puedan ajustarse a los requerimientos de la acción típica acusada (inducción)”, se agrega en el documento.
“Dicho de otra manera, de las comunicaciones aportadas no se determina que el encartado,
abusando de su calidad de funcionario público (elemento subjetivo del tipo penal), haya exigido de su asesor Monge Marranghello una prestación económica a favor de Montenegro Aguilar”, concluyen los magistrados.
“Concusión”. Artículo 355. Código Penal: Se impondrá prisión de dos a ocho años, el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”
