Tomás Gómez
La Asamblea Legislativa no tiene un procedimiento claro para saber que hacer con el dictamen sobre el exdiputado Víctor Morales Zapata que ayer le envió la Procuraduría de la Ética (PEP).
“Yo diría que estamos en una zona gris”, declaró a El Observador el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides.
Según él, serán los jefes y jefas de fracción quienes en su próxima reunión decidirán la suerte que correrá el documento dentro del Poder Legislativo. “Yo no me atrevería a definir la ruta hasta no haberlo conversado con ellos”, planteó Benavides.
En el texto, dado a conocer por este medio la mañana del miércoles, la PEP responsabilizó a Morales Zapata -una de las principales fichas del gobierno de Luis Guillermo Solís- de haberse convertido en un representante de los intereses del importador de cemento Juan Carlos Bolaños.
“Podemos indicar que el señor Víctor Morales Zapata asumió como suya la lucha por los intereses privados del importador de cemento, propiciando y participando de reuniones tanto en la Asamblea Legislativa como en la Casa Presidencial”, señaló la PEP.
Aunque los diputados podrían remitirle el informe a la Fiscalía, la normativa no les da suficientes insumos para proceder a lo interno de la Asamblea Legislativa.
“De conformidad con la ley, los informes deben dirigirse a la autoridad administrativa que tiene una relación laboral o al menos institucional con el funcionario denunciado. En este caso la PEP decide enviarlo a una institución que no es ni patrono ni tiene relación jerárquica con el funcionario”, explicó el presidente legislativo.
