Katherine Ulate A.
El abogado Yashin Castrillo Fernández interpuso un recurso de amparo contra el acuerdo entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos. Con ese pacto, firmado el lunes por la noche, se levantó la huelga en el sector salud.
Sin embargo el Gobierno cedió a múltiples pretensiones de los gremios, que implican que ciertos aspectos claves de la reforma fiscal y la Ley no aplique para los trabajadores de la Caja.
“(El acuerdo) establece una discriminación que viola el principio de igualdad en tanto y en el cuanto mantiene el calculo para el pago de los sobresueldos para los empleados de la Caja porcentualmente y no nominalmente como está establecido en la ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas”, indicó Castrillo en su demanda, que presentó el martes por la mañana.
El abogado pidió a la Sala Constitucional declarar de invalidez el acuerdo y que se mantenga el cálculo de los sobresueldos para los empleados de la Caja, igual que lo dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para el resto de los empleados del Estado nominalmente y no porcentualmente.
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Castrillo recordó que la Ley establece que el calculo de sobresueldos y pluses salariales, debe ser igual para todos. A los empleados de la Caja se les realizará porcentualmente.
“Se excluye a los empleados de la Caja para que a estos también se le calculen los pluses o los sobresueldos (…) se haga porcentualmente cuando la ley del Fortalecimiento de Finanzas Públicas establece que tiene que ser parejo para todos, que no hay excepciones”, citó el abogado.
Además, afirma que el acuerdo tiene rango inferior a la ley por lo que no pueden “derrocar expresamente lo que dice la ley (…) realizar una exclusión que la ley no hace”.
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Polémico acuerdo
Autoridades de la CCSS, sindicatos y representantes del Poder Ejecutivo firmaron un acuerdo la noche del lunes, para acabar con la huelga sostenida durante siete días.
Entre los acuerdos sobresale el mantenimiento de beneficios salariales contrarios a la reforma fiscal y que no haya procedimientos administrativos contra los trabajadores que participaron en las últimas huelgas.
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De tal forma que solicitarán a un juzgado que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no aplique al sector Salud, en lo relacionado con anualidades, complementos, sobresueldos y pluses.
Además mantendrán acuerdos 1.2 y 2.1 del acta firmada el 20 de febrero del 2019, los cuales se relacionan con mantener los incentivos salariales y sobresueldos para todos los trabajadores incorporados antes de la reforma fiscal.
Por último la CCSS no ejercerá ningún tipo de sanción o represalia contra los dirigentes sindicales y las personas trabajadoras por su participación en las actividades relacionadas con este movimiento.
Durante los días de afectación se programaron 2.810 operaciones en 29 centros hospitalarios, de las que solo en 1.411 los pacientes recibieron el procedimiento que necesitan. Representa el 50%. Se estima que la huelga le ha costado a la Caja, de su Fondo de Emergencias, más de ¢560 millones.
Este miércoles, el sector privado pidió al presidente Carlos Alvarado que valore la continuidad de Román Macaya al frente de la Caja. Sin embargo Macaya descartó renunciar y justificó que era el acuerdo viable a realizar.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ya dijo que se opone al pacto de la Caja. E igualmente los partidos de oposición en el Congreso avisaron que no aprobarán proyectos de préstamos al Poder Ejecutivo.
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Katherine Ulate A.
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