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Informe técnico: reducción de jornadas en Gobierno genera roces constitucionales por diferencias con sector privado

Un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, señala que el proyecto de ley que busca reducir…

Por Paula Ruiz

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Informe técnico: reducción de jornadas en Gobierno genera roces constitucionales por diferencias con sector privado
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Un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, señala que el proyecto de ley que busca reducir un 15% de jornada laboral a funcionarios públicos con salarios mínimos de ¢1,5 millones, genera roces de constitucionalidad por diferencias con el sector privado.

El documento AL-DEST-IJU-196-2020 sobre la “Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público”, indica que aunque si bien la Ley generada para disminuir drásticamente el salario de empleados privados, hay “tutelas mínimas” para dicho sector que no son contempladas para el aparato estatal.

“Aunque ambos textos (Ley emitida y este proyecto) inciden sobre derechos de personas trabajadoras, sea que laboren en el Sector Privado o Público. Por lo que al ofrecerse tutelas mínimas en la Ley referida, y no así en el Proyecto de Ley, siendo que se sujetan a las personas trabajadoras igualmente a reducción de jornada laboral, jurídicamente, resulta inviable distinguir en razón del Sector en el que laboran”, indica el texto.

Para los analistas, al no haber una justificación sobre dichas diferencias entre sectores, roza el artículo 33 de la Constitución Política.

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Como ejemplo, indican que la Ley para sector privado detalla que mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, no se verán afectadas por la reducción de jornada, situación que no se especifica para sector público.

“No se encuentra dentro del expediente legislativo en estudio motivo alguno que justifique la omisión de tutelar a las mujeres embarazadas o lactantes dentro del Sector Público de la misma manera, puesto que poseen ambas idéntica condición humana dentro de una similar condición de reducción de jornada laboral, y consecutivamente, de su salario”, señaló el Departamento.

En el análisis de Servicios Técnicos, omiten señalar la diferenciación entre el 15% de reducción que se aplicaría para sector público y el mínimo de 20% para el privado, cuyo tope es de 75% e incluso la suspensión de contratos laborales.

Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, apuntó a que con anterioridad manifestó que la iniciativa presentada por el Gobierno está incompleta y con vacíos legales.

“El derecho público es una cosa y el privado otra, el proyecto debe corregir las anotaciones de Servicios Técnicos que puedan rozar con la Constitución Política y que pueden generar muchas irregularidades que no fueron analizadas en la propuesta del Poder Ejecutivo”, señaló.

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Mientras Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional, coincidió con Chacón por las advertencias previas de una posible inconstitucionalidad del proyecto.

“No vemos que haya posibilidades de zanjar ese roce constitucional”, detalló Rodríguez, al ser consultada sobre diferencias entre sectores.

El Observador envió consultas a la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al grupo de independientes afínes a Nueva República, pero al cierre de esta nota, no respondieron.

Para el liberacionista, el proyecto debe corregirse y especificar cuáles puestos de funcionarios públicos en primera línea de atención de pandemia, deben excluirse de la reducción de jornada. Imagen con fines ilustrativos.

Efecto contrario

Otro de los análisis contenidos en el informe guardan relación con que no se indica cómo se va a sufragar el trabajo realizado por los funcionarios públicos que verán reducida su jornada.

A quienes se les aplicaría esta reducción, tendrían 1.2 horas diarias menos de trabajo y aseguran que ello repercutirá en la prestación de servicios esenciales.

“Si bien se genera un ahorro, toca en este caso a la institucionalidad involucrada por esta iniciativa rendir igualmente con el tiempo reducido para la atención de sus funciones por parte de sus servidores, es decir, no puede contar con ese recurso humano en ese tiempo restado, dadas las posibles implicaciones legales de hacerlo”, consideró el grupo asesor legislativo.

Tanto a Chacón como Rodríguez se les consultó sobre la posibilidad de donación de esa 1.2 horas diarias para evitar alguna afectación en el servicio.

Mientras el liberacionista consideró que “no existe ninguna posibilidad de que por ley los empleados donen su salario sino voluntaria”, la restauracionista apuntó a que hay disposición para “buscar la forma en que todos contribuyamos a salir de esta crisis”.

El proyecto requiere de 38 votos, según el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso. Los diputados serían parte de los que quedan excluidos de la reducción de jornada y salarial.

Libres de reducción salarial

Por otra parte, el Departamento advierte que la medida no podrá ser aplicada en personal de confianza. Tampoco aplicaría para autoridades electas y otros como:

  • Presidente de la República y vicepresidentes
  • Diputados
  • Alcaldes, vice alcaldes, regidores, síndicos municipales y todos servidores de elección popular
  • Ministros y viceministros
  • Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones
  • Contralor y subcontralor generales de la República
  • Defensor y defensor adjunto de los habitantes
  • Procurador general de la República y la persona que ocupe la Procuraduría General Adjunta de la República
  • Presidencias ejecutivas.

Lo anterior porque no poseen sujeción a jornada ordinaria. De forma voluntaria, Carlos Alvarado, presidente de la República, había anunciado la reducción de su salario en 15% y el viernes anterior informó que esa medida aplicaría para ministros.

La propuesta del Gobierno, excluye de la reducción salarial a quienes se encuentran en la primera línea de atención de la pandemia.

El vocero del PLN, agregó que el proyecto debe de indicar a quiénes se aplicaría la reducción en servicios esenciales. Para ello ejemplificó con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se encuentra en primera línea de atención, aunque no se especifica si es pareja para administrativos y personal de salud como médicos, enfermeros y otros.

El Gobierno admitió que la medida aplicaría para un total de 44.542 personas de los cuales la mayoría son parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Poder Judicial e instituciones autónomas.

El total ya excluye a los de primera línea de atención de pandemia, es decir, cuerpos policiales, CCSS, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud.

El proyecto 22.081 generaría un ahorro neto cercano a los ¢166.650 millones, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.

Servicios Técnicos advirtió que la iniciativa requerirá de mínimo 38 votos para su aprobación legislativa.

“Nos preocupa que el Ejecutivo envíe proyectos que están muy mal planteados, y eso ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones”, concluyó la legisladora Xiomara Rodríguez.

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