Juan Pablo Arias
Que la Iglesia Católica envíe mensajes al Poder Ejecutivo el día en que se conmemora a Nuestra Señora de los Ángeles no es una sorpresa.
Por el contrario, es una fecha en la que la familia católica está reunida y las máximas jerarquías de la Conferencia Episcopal aprovechan esta atención para hablarle al Gobierno, ya sea en tono conciliador, o bien, con una reprimenda.
Este año no fue la excepción y en la voz de Manuel Eugenio Salazar, el obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, la Iglesia Católica hizo un reclamo del que -entre líneas- se extrae una petición: que los miembros del clero tengan el derecho a hablar de política.
“Los creyentes tenemos derecho a la libertad religiosa, la exigimos. Y los clérigos políticamente tenemos derecho a no ser ciudadanos de segunda categoría o una minoría discriminada”, dijo durante la homilía del 2 de agosto.
La Iglesia Católica se llama a sí misma apostólica, por su carácter misionero, y romana, por su subordinación al obispo de Roma, el Papa. ¿Es política? En su definición no, pero en la práctica sí.
Limitación constitucional
La Constitución Política ha puesto en desventaja a los religiosos católicos respecto a los de otras denominaciones. A los clérigos católicos se les prohíbe la elección como presidente, vicepresidente, ministros o magistrados. Y pese a declarar la religión católica como la oficial, en su artículo 28 la carta magna les prohíbe valerse de las creencias religiosas para hacer propaganda política.
Así las cosas, como fuerza beligerante llevan la de perder frente a los protestantes evangélicos, que sí han podido organizarse como grupos políticos.
El alegato de monseñor Salazar, el viernes, parecía buscar que a la Iglesia se le asigne un peso como grupo de presión. Que tenga voz frente a las decisiones de los ministros del gobierno del Presidente Carlos Alvarado, a quien se dirigió específicamente.
“Se requiere de su parte una comunicación clara y directa y que sus subalternos sigan su pensar y se centren en los graves problemas nacionales y no arrinconen a la Iglesia como actor social”, dijo, antes de hablar del derecho a la protesta y exigir acuerdos nacionales.
La alocución de Salazar bien pudo entenderse como una alusión al papel que jugaron en su momento religiosos católicos como el presbítero Benjamín Núñez, líder sindical y miembro de la Junta Fundadora de la Segunda República y monseñor Víctor Manuel Sanabria, con su aporte a la redacción de las garantías sociales y el Código de Trabajo.
“¡O nos unimos, o nos hundimos! Es decir, si no hay concertación social, todos perdemos: ricos, pobres, empresarios, sindicatos, gobierno e Iglesia. Nadie gana”, aseveró.
El mandamiento del amor y el dogma
En la homilía, monseñor Salazar también hizo referencias a otros temas nacionales en los que el mensaje político fue protagonista.
Por primera vez la Iglesia costarricense hizo eco del mensaje del Papa Francisco sobre la diversidad sexual, con las reservas propias del dogma.
Por un lado, exigió respeto y amor para las personas sexualmente diversas y condenó la homofobia, a la que llamó “antievangélica”. Pero más adelante recordó que la Iglesia está en desacuerdo con el matrimonio igualitario.
“Que quede claro. Desde la fe cristiana el respeto al otro sexualmente diverso no implica la promoción de ese estilo de vida, ni de su equiparación al matrimonio entre hombre y mujer”, dijo.
Más adelante insistió en los argumentos a favor de la vida desde antes de la concepción y declaró la oposición contundente de la Iglesia al aborto provocado, la fecundación in-vitro, la manipulación genética, los métodos anticonceptivos abortivos y la eutanasia.
Salazar no profundizó en las críticas que hacen los detractores del clero católico, aunque sí habló de “una Iglesia que es santa y pecadora, que está en constante camino de conversión y que reconoce sus errores y ha pedido perdón”.
Su lugar como personaje de la semana lo ganó por las reacciones que suscitó su homilía entre quienes critican a la Iglesia, así como por el apoyo que recibió de quienes encontraron eco en su discurso frente a las decisiones del gobierno del Presidente Alvarado.
