Icafé baja tono a conflicto con sector empresarial y promete que proyecto “no aumentará precios”

Aún no avanza de comisión al Plenario de la Asamblea Legislativa, pero un proyecto de ley genera tensiones en el sector del tercer producto agrícola más importante del país.

La iniciativa, seguida en el expediente 21.163, plantea una serie de modificaciones al régimen de relaciones entre productores, beneficiadoras y exportadores de café en el país. Continúa generando discrepancias entre parte del sector empresarial, el Instituto de Café de Costa Rica (Icafé), diputados y ahora el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La directora del Instituto, Xinia Chaves, se sacudió de las advertencias dadas el martes por un grupo de empresarios y representantes de plantas tostadoras de café, y señaló que las modificaciones a la ley no provocarían ni más desempleo ni aumento de costos en el precio final del producto.

“Es absolutamente falso que la modificación a la ley en modo alguno vaya a influenciar para que aumente el precio de consumo o haya despidos”, sentenció Chaves. Defendió que se pretende formalizar un proceso de contratos que se han venido dando desde 1992.

Hace referencia al artículo 46, que incluiría en la ley que los comerciantes y torrefactores de café solo podrán abastacerse de este producto mediante la celebración de contratos de consumo nacional debidamente inscritos ante el Icafé.

“Arremeten contra los contratos en el consumo local cuando ha sido un mecanismo que desde 1992 hemos venido practicando, porque la ley establece como forma ordinaria de comercialización de café el remate (…) (a partir de 1992) se estableció que fuera una venta normal”, explicó Chaves.

“Esta excepción que se dio a través de contratos, queremos convertirlo en la regla. Es darle formalidad”, justificó.

Varias empresas cafetaleras, las cámaras de Tostadores de Café, Comercio (CCCR), Comercio Exterior (Crecex), de la Industria Alimentaria (Cacia) y la Asociación de Consumidores de Costa Rica, señalaron que podría afectarse unos 1.500 empleos en el sector tostador.

“La ley básicamente hace que mi empresa, mía y que yo soy sujeto de derecho privado, dependa del Icafé. Ningún empresario va a sostener una empresa con esas características”, dijo Mario Montero, vicepresidente de Cacia.

La presidenta de Icafé recordó que el sector cafetalero brinda unos 350.000 empleos, los cuales no piensan arriesgar.

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Importación y trazabilidad

Los defensores del proyecto aseguran que el objetivo es mejorar los procesos de trazabilidad del café (conocer todo el camino del grano de la finca a la taza) y dar al consumidor la certeza del origen del producto que consumen.

Este miércoles, el ministro Renato Alvarado, manifestó su apoyo a la reforma legal.

“Estas modificaciones permitirán que las y los consumidores conozcamos el origen del café que adquirimos, facilita la trazabilidad del producto y procura evitar que nuestro grano de oro se mezcle con cafés de otros orígenes y al final se venda como producto 100% costarricense”, señaló el jerarca.

Alvarado comentó que con el proyecto pretenden dotar de nuevos esquemas de comercialización a los productores de café, para que puedan vender su cosecha directamente en el mercado internacional sin la intermediación de las firmas beneficiadoras y exportadoras. “Implica una mayor utilidad”, matizó.

Los opositores alegan que se dan potestades de más al Icafé y que se limitaría la libertad de comercio del producto en el país.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Yolanda Fernández, afirmó que el proyecto pondría una camisa de fuerza a quienes comercializan e importan café, así como a la diversidad de marcas disponibles para el consumidor.

El Icafé rechazó el alegato, al reiterar que se busca generar mecanismos de trazabilidad. “La ley es de 1961 y no imaginábamos que este iba a ser un país importador”, dijo Chaves, por lo que explicó que el país no tiene normativa para importación del grano.

La presidenta de Icafé aseguró que solo en el 2019 se importaron 300.000 quintales de café, cuando el consumo de los costarricenses es de alrededor de 400.000 quintales.

“Es lo que al Icafé le importa, conocer la trazabilidad. No damos permiso de exportación, no regulamos si vienen contaminados o no, si es de mala calidad (…) ni la ley nos dará esa potestad”, manifestó Chaves.

“Pero sí conocer el destino para la trazabilidad, porque ese café lo pueden mezclar y querer aparentarlo como café de Costa Rica, eso es lo que estamos previniendo”, añadió.

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UPA defiende proyecto

Guido Vargas, caficultor y secretario de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), respaldó la iniciativa “que nace desde el sector cafetalero”.

“Es darle certeza jurídica al origen del café de Costa Rica, porque lo que se está planteando es que los comerciantes y tostadores de café para obtener el producto debe celebrar un contrato e inscribirlo en el Icafé”, dijo Vargas.

“Esto es para bien de los productores de café de este país y la transparencia de la calidad de café de Costa Rica, que hoy se cotiza hasta $100 por encima del precio de referencia de la bolsa de Nueva York”, concluyó el caficultor.

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