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Hacienda Digital: un desafío impostergable

Juan Luis Zúñiga. Profesor Lead University. En junio de este año se publicó en un Alcance al Diario Oficial La…

Por Desde la Columna

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Hacienda Digital: un desafío impostergable
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Juan Luis Zúñiga. Profesor Lead University.

En junio de este año se publicó en un Alcance al Diario Oficial La Gaceta, el Proyecto de Ley bajo el expediente 22.016, denominado Aprobación  del contrato de préstamo N° 9075-CR para financiar el proyecto conocido como «HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO». Este crédito sería otorgado por el Banco Mundial.

En tiempos dónde la recaudación tributaria se ha vuelto casi un fin en sí misma, un proyecto de esta naturaleza, tiene el potencial de transformar la Hacienda pública y, por qué no, la tradicional forma de operar de sus funcionarios.

Antecedentes recientes. La tendencia del crecimiento de la economía del país en los últimos años ha estado marcada por la desaceleración, lo cual se se ha visto agudizado con la pandemia del Covid-19. Recientemente, el Banco Central estimó que, al cierre del 2020, la caída del PIB rondará el 5%.

Mientras tanto, el déficit de las finanzas públicas se ha incrementado en los últimos años, alcanzando un 6.96% del PIB en 2019. La tendencia en este rubro es peligrosamente creciente.

A finales del 2018, el Gobierno Alvarado Quesada promulgó reformas legales en materia de política fiscal, que implicaron el cambio del impuesto general sobre ventas al nuevo Impuesto sobre el valor agregado (IVA).

También la ampliación de la base impositiva del nuevo IVA para incluir servicios, un nuevo régimen impositivo para los ingresos y ganancias de capital, modificaciones al Impuesto Sobre la Renta, así como a la Ley de Salarios, y la Regla Fiscal, entre otras.

Evasión de impuestos. Aunque no existe un dato exacto, se estima que podría oscilar entre el 4% y el 8% del PIB. Es decir, estamos frente a una problemática nacional de vieja data, que no se podrá enfrentar, a menos que el país cuente con sistemas de información modernos que permitan realizar una gestión de control eficiente y eficaz.

Estado de los procesos de digitalización hacendaria. Existe una atomización de  herramientas tecnológicas y una escasa integración del control tributario que no garantiza la eficiencia y eficacia de la gestión tributaria, incluyendo la gestión aduanera. En los últimos años, los desarrollos informáticos han sido aislados, especialmente, ligados a las necesidades de cada dirección, sin una visión integral y holística.

La mayoría de herramientas tecnológicas están obsoletas. En total, el Ministerio de Hacienda cuenta con 59 sistemas de información con una edad promedio de 19 años.

Por ejemplo, el Sistema de la Administración Tributaria (SIIAT) tiene 26 años; el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) fue implementado hace 17 años, y el Sistema de Tecnología para el Control Aduanero (TIC@) data de 15 años. Amén de lo anterior, priva la desintegración, la fragmentación y la carencia de interoperabilidad.

Comercio exterior. Los procesos aduaneros resultan costosos e ineficientes,  lo cual se constituye una pesada carga para los operadores del comercio, especialmente, exportadores e importadores. La competitividad de las empresas y del país se ve comprometida en el tanto las instituciones responsables de aplicar las reglas aduaneras, sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, y, en general, todas las disposiciones que se relacionan con comercio exterior, se encuentran ancladas al pasado y sin capacidad de adaptarse a la realidad del siglo XXI.

Según el indicador del Doing Business del 2020, en Costa Rica, en promedio se demoran 80 horas para completar un proceso de despacho de importación, donde 72 horas corresponden a las gestiones aduaneras. En este contexto, la gestión de riesgo no es efectiva ni cumple su cometido.

Por su parte, en 2018, en subíndice de “eficiencia en el proceso de despacho” del Ranking del Índice de Desempeño Logístico (IDL) calculado por el Banco Mundial, Costa Rica se ubicó en el lugar 70 entre 168 países. Un deshonroso penúltimo puesto dentro del grupo de países de OCDE, solo por delante de Colombia que se localizó en el puesto 75.

Respecto a las formalidades relacionadas con la presentación de documentos, el Índice de Facilitación de Comercio (IFC) de la OCDE, puso en evidencia falencias en la cantidad de documentos y el tiempo requerido para su preparación y puso al descubierto las duplicidades de la información requeridas por las distintantas autoridades que participan en las operaciones de comercio. En este indicador, Costa Rica tuvo una calificación de 1,33 de 2 puntos posibles, equivalente a una nota escolar del 66,5%.

En el Indice de Facilitación de Comercio del Foro Económico Mundial, subíndice sobre “eficiencia en el despacho aduanero”, Costa Rica ocupó la posición 102 entre 136 países y obtuvo una puntuación de 2,3 sobre 5 puntos, para una nota del 46%. Por su parte, en el subíndice sobre el costo para importar, el país se posicionó en el sitio 83 de un total de 136 países, con un costo promedio del proceso de importación de $420, superado por países como Chile (posición 58, $290), Rwanda (posición 57, $282); El Salvador (posición 36, $128), entre otros.

En el subíndice sobre “pagos irregulares y sobornos”, Costa Rica ocupó el puesto 71 de 136 países, con una puntuación de 3,7 de 7 puntos, posición que equivaldría a una nota cercana a 53%, mientras que en el subíndice sobre “puntualidad de los envíos a destino”, el país ocupó el puesto 97 con 3 de 5 puntos posibles, con una nota de 60%. En este indicador nos vimos superados por Perú (posición 78, puntuación 3.2), Colombia (posición 76, puntuación 3,2), El Salvador (posición 74, puntuación 3,3), Chile (posición 44, puntuación 3,7) y Panamá (posición 41, puntuación 3,7).

Como se puede observar, nuestra competitividad-país en materia de comercio exterior está siendo minada, en una importante medida, en razón de las deficiencias de nuestro aparato público. Hay enormes desafíos por atender y mucho por mejorar.

Transformación digital. Sin duda, la transformación digital del Ministerio de Hacienda y de sus direcciones es de enorme relevancia. La pandemia ha venido a confirmar una necesidad impostegable que se había pospuesto en detrimento de las finanzas públicas y la economía.

La digitalización permitirá mejorar la eficiencia de los procesos de recaudación, atacando frontalmente la evasión de impuestos, mediante herramientas tecnológicas modernas. También, se espera que el cambio impacte fuertemente la atención del ciudadano, un aspecto que, a la fecha, no ha formado parte de la política hacendaria.

Igualmente, como producto de la implementación del proyecto se lograría una mejora en el Registro Único de Contribuyentes, con el fin de lograr un verdadero registro de contribuyentes integrado que permita realizar cruces de información efectivos e identificar riesgos fiscales; la implementación de un modelo de gestión integral de riesgo; una mayor eficiencia en el análisis de datos para el control tributario; una cultura de medición de resultados y la tan anhelada rendición de cuentas.

Cumplimiento informado. Costa Rica ha carecido de una estrategia que promueva el cumplimiento de parte de los contribuyentes. El Estado cobra impuestos y fiscaliza su pago, pero la capacidad de informar y socializar las reglas del juego es deficiente. La sensibilización acerca de la importancia del cumplimiento y de los riesgos del incumplimiento es mínima, y no está cimentada en una estrategia nacional.

Ampliación y diversificación de la oferta de servicios digitales. El contribuyente, sea una persona física o jurídica, debe acceder a todas las facilidades que la tecnología le ofrece, de forma que se le facilite el cumplimiento de sus obligaciones, sin necesidad de perder su tiempo en una fila o una llamada telefónica, muchas veces inatendida. La calidad del servicio empieza por la facilidad para pagar, reclamar o acceder a información clave para realizar un trámite o comprender obligaciones.

Las funciones de asesoría tributaria, aduanera o hacendaria debe ser internalizadas por todos los funcionarios. No es una mera función más. Debe constituirse en una cultura de servicio orientada al usuario, que parta de una verdad de Perogrullo, “el contribuyente es quién paga los impuestos y hace que el Estado funcione”. Así como la tarea de educar a los contribuyentes es enorme, la educación de los funcionarios para que sus actuaciones estén orientadas a los clientes (contribuyentes, administrados o sujetos pasivos) también es fundamental, aunque harto compleja.

Reflexión final. Poco se lograría transformando digitalmente los sistemas, a nivel de hardwarey software, si no se educa, de forma permanente, al recurso humano para lograr una real transformación de los servicios. Los funcionarios deben comprender lo que esperan los usuarios (clientes) y deben basar sus servicios en una serie de elementos, a saber: fiabilidad (trabajo bien hecho); capacidad de respuesta (hacer las cosas a tiempo); competencia (saber hacer las cosas); accesibilidad (comodidad y facilidad); cortesía (trato amable y máxima atención); comunicación (información clara y amigable); credibilidad (servicios honestos); seguridad (garantía de respeto a la confidencialidad); comprensión y empatía (funcionario se pone en lugar del ciudadano); y apoyo físico (entorno agradable y de calidad), entre otros.

El desafío del proyecto “Hacienda Digital” es de enorme calado, pero los beneficios esperados, tanto para los ciudadanos como para el Estado se deberían superar con creces la inversión necesaria para acometer el proceso de transformación digital.

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