Tomás Gómez
Por segunda vez en una semana el Poder Ejecutivo fue condenado por su inacción ante los bloqueos de los últimos días.
Según confirmó la Sala IV, nuevamente se trata de un recurso de habeas corpus por la incapacidad del Estado a garantizar el libre tránsito.
Los cuestionados fueron el Ministro de Seguridad, Michael Soto, y el de la Presidencia, Marcelo Prieto, así como la dirección de la Policía de Tránsito.
OBSERVE MÁS Sala IV condena a Gobierno por inacción ante bloqueos
Siguiendo su línea de trabajo, los magistrados fustigaron las complicaciones causadas a los ciudadanos y condenaron al Estado por las consecuencias de su innacción.
“Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, indicó la Sala.
Sala IV clara contra el Gobierno
Como ocurrió con otras protestas del 2019, la Sala IV ha sido crítica contra la estrategia del actual Gobierno de tolerar los bloqueos.
Según la condena de la semana anterior, es responsabilidad del Gobierno hacer valer su rol y garantizar los derechos colectivos.
OBSERVE MÁS Gobierno defiende que ha sido “diligente” para quitar bloqueos tras condena de Sala IV
“La Fuerza Pública se limitó buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad y a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos”, señaló el Tribunal.
“Las autoridades recurridas debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para restablecer la circulación”, señaló.
Los altos jueces reprocharon, además, la gestión del autodenominado movimiento “Rescate Nacional”. A su criterio, un bloqueo no tiene que ver con la libertad de expresión.
OBSERVE MÁS Casi 700 personas perdieron sus citas de la CCSS debido a las manifestaciones y bloqueos
“La intención de quienes convocaron a estas manifestaciones estaba dirigida específicamente a paralizar o entorpecer infraestructura vital del país, como los puertos, las vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras”, consideró la Sala.
Según la resolución de la Sala, recurrir a medios fuera de la ley para incidir en decisiones del país “significa un menoscabo a la institucionalidad, los derechos de la ciudadanía, y el Estado Democrático de Derecho”.
