Marco Marín
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) convocó a una reunión, este miércoles, en la que definirá la posición oficial del grupo sobre un portillo que permitiría a entes públicos eludir el filtro de la Contraloría.
Se trata de una moción defendida por la diputada liberacionista, Karine Niño al proyecto de ley N° 21.014, que podría cambiar el espíritu del texto.
Así lo explicó el diputado del PLN, Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Este es el foro en el que se discute este archivo, conocido como “Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes de derecho público”.
¿Contradicción?
A pesar de que el mismo Thompson, junto a su compañero, Daniel Ulate, firmaron la moción presentada por Niño, el exalcalde de Alajuela argumentó que su apoyo fue para que las inquietudes de la diputada sean discutidos en la Comisión, según comentó a El Observador.
Empero, recordó que el objetivo principal es “resguardar el espíritu original del proyecto, que es buscar una mayor transparencia en el tema de las contrataciones entre empresas públicas. Que se evite el abuso que se ha dado en algunos casos”
“Vamos a tener una reunión con la jefa de fracción y los diputados que formamos parte de la comisión de la fracción de Liberación, para conversar con ella acerca de los alcances de la moción y generar un consenso que no desvirtúe el proyecto en sí.
“A partir de eso, vamos a analizar con calma, esa y las otras 27 mociones para determinar nuestra posición y le digo nuestra posición porque debería de ser una de fracción”, agregó.
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El proyecto
El proyecto de ley 21.014, impulsado por el diputado de Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, tiene tres propósitos esenciales:
- Que los entes que estén en competencia deban hacer un concurso para realizar las contrataciones
- Eliminar la tercerización
- Hacer una reforma sencilla
Sin embargo, la moción presentada por Niño permitiría que se sigan cerrando tratos entre empresas del Estado en detrimento de firmas privadas que cumplen con iguales requisitos o superiores.
Incluso, podría abrir portillos para hacer consorcios y reglamentos internos fuera del alcance de la Contraloría General de la República.
Además de Thompson y Ulate, la moción propuesta tuvo recibió la firma de Ramón Carranza y Paola Vega del Partido Acción Ciudadana. También firmó Giovanni Gómez de Restauración Nacional.
Ante la iniciativa de la verdiblanca, Abarca manifestó que sería contraproducente para el proyecto. Esto, por que le permitiría al contratista establecer acuerdos, sin aplicar el régimen de contratación ordinario y todos los mecanismos de control que conlleva.
“Si esta moción se aprueba, manda el proyecto al archivo porque convierte en regla la excepción. Lo que queremos con este plan es evitar los abusos, ya hemos visto que estas contrataciones entre entes del Estado, tercerizando y seguramente pagando sobreprecios”.
¿Procesos más lentos?
Mientras tanto, el congresista Daniel Ulate (PLN), aseguró que firmó la moción, ya que piensa que afecta la efectividad con que se puede solucionar la contratación de servicios.
“Estamos obligando a todas las instituciones públicas a meterse bajo la ley de Contratación Administrativa, la cual hace años no cambia. Para que se adjudique una contracción de un servicio, se tarde entre año y medio o dos. Eso es lo que me preocupa porque estaríamos perdiendo los principios de eficiencia y eficacia”, argumentó.
Ulate adelantó que se presentó otra moción, por parte del diputado, José María Villalta (Frente Amplio), que podría ser una opción intermedia. Aseguró que está también será examinado en la reunión de mañana.
Por su parte, el excandidato presidencial de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti, recordó la importancia de buscar mayor transparencia. Por eso cree que el proyecto debe ser votado, tal y como lo dictaminó la Comisión encargada.
“Aquí lo que se tutela es transparencia, porque si son contratos entre el mismo Estado, no hay transparencia”, dijo. Álvarez destaco que la apertura de concursos permite que haya competencia y mejora en costos.
Álvarez Desanti fue uno de los impulsores de la reforma desde la pasada campaña electoral.
Marco Marín
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