Paulo Villalobos
La petición para que México deporte al excura costarricense Mauricio Víquez, arribó el pasado jueves al Juzgado Penal de Desamparados, en San José. El religioso afronta cuatro denuncias por delitos sexuales.
El trámite lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género, mediante un comunicado de prensa este viernes.
Víquez resultó detenido la madrugada del domingo pasado, en un allanamiento en San Nicolás de los Garza, Monterrey, capital del estado de Nuevo León, al noreste de la nación azteca.
El exsacerdote huyó de Costa Rica, desde el 7 de enero de 2019, luego de que el Tribunal Canónico de la Iglesia Católica le notificara de una denuncia penal por presunta violación. Inicialmente la queja estaba prevista para prescribir el 26 de setiembre de ese mismo año. A raíz de la detención, el plazo de vencimiento quedó congelado.
Ahora el Juzgado Penal deberá resolver si acoge o no la solicitud de extradición del religioso.
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¿Cómo procede?
En caso de avalarse el pedido, pasará a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
De allí se enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). La Casa Amarilla lo remitirá a su Consulado en México.
Una vez en el país norteamericano se le entregará a las autoridades judiciales mexicanas. Éstas deberán admitir o rechazar el pedido.
Dicho proceso no podrá tardar más de 60 días. Por ahora es incierta la duración del trámite de extradición del exsacerdote.
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Avances en México
A Víquez un juez lo apersonó al proceso el pasado lunes, de acuerdo con su abogado defensor en Costa Rica, Rafael Rodríguez.
En su contra se tramitan cuatro denuncias penales, todas por delitos sexuales contra menores de edad. Otras nueve, de carácter canónico, derivaron en la expulsión del religioso del estado clerical.
Tres de esos señalamientos ya estaban prescritos, pero una reforma al Código Procesal Penal que data del 21 de mayo de 2019, extendió su vida legal, según defiende el Ministerio Público.
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A criterio del abogado del imputado, los delitos están prescritos, ya que los hechos denunciados vencieron antes de que entrara en vigencia la Ley de Derecho al Tiempo. Esa norma la promovió el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, justamente por el caso de Víquez.
Rodríguez reveló que recientemente se contrató a un abogado en México, para que analice el expediente del religioso en ese país.
La petición del órgano acusador debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
El énfasis que prestarán los defensores está relacionado a si los hechos que se le atribuyen a Víquez constituyen delito en México y si estos están prescritos o no en ambas naciones.
Un representante de la Firma de Abogados, bufete al que pertenece Rodríguez, viajará a México la semana próxima.
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Paulo Villalobos
