Tomás Gómez
Este viernes, el Ministerio Público comunicó que ya tiene lista la acusación por los hechos del escándalo de importación de cemento chino relacionados con el Banco Popular.
A la cabeza de la denuncia aparece el importador Juan Carlos Bolaños, a quién se le señala por tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública.
También se incluyó en la acusación a la esposa de Bolaños, Ana Laura Suárez, por un supuesto delito del mismo tipo.
“Por tratarse de un delito que afecta no solo el patrimonio del Banco Popular si no también la Hacienda Pública y que es de interés público es suficiente para tener por válido que ha concluido una etapa de investigación por parte de la Fiscalía General”, explicaron los fiscales Carlos Meléndez y José Pablo Miranda en conferencia de prensa esta mañana.
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La lista de acusados la completan siete personas más:
- Cortés Zúñiga: tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública
- Arias Silesky: un delito de influencia contra la Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica
- Rojas Segura: tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública
- Thompson Camacho: un delito de influencia contra la Hacienda Pública
- Gómez Barrantes: tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y dos delitos de falsedad ideológica
- Delgado Negrini: tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica
- Bogantes Brenes: dos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad ideológica
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Préstamo bajo la lupa
El escándalo del cemento chino tuvo como escenario principal el Banco de Costa Rica pero también afectó al Banco Popular.
En este ente se asignó una línea de crédito por $5 millones.
Los recursos no fueron destinados a la compra del cemento y según la Fiscalía, se otorgó el financiamiento a sabiendas de que las empresas de Juan Carlos Bolaños no tenían capacidad de pago.
El ente acusador señaló también que los acusados Gómez y Bogantes habrían planeado asociarse con el propio Bolaños en el negocio de la importación.
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¿Qué sigue?
Con la finalización del trabajo en la Fiscalía, el caso se envío a consulta de la Procuraduría General de la República y del Banco Popular para que ambas instituciones decidan si se suman al proceso.
“Tenemos que esperar tres días para que estas dos instituciones nos informen si se van a constituir como parte querellante, lo cual significa formular una acusación particular y si se van a constituir como actores civiles para el reclamo de los daños y perjuicios sufridos por estos hechos”, explicó la fiscal general, Emilia Navas.
Según la decisión del Banco y la Procuraduría correrá un plazo de 10 días más antes de enviar la denuncia al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde el caso arrancará su etapa judicial con una audiencia a todas las partes.
El delito señalado
La influencia contra la Hacienda Pública achacada a Juan Carlos Bolaños está penada con entre 2 y 8 años de cárcel por el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.
Al respecto, el abogado de Bolaños, Fernando Vargas, dijo que el caso es una “cacería de brujas” y que se si está analizando el trabajo de los peritos no ve porqué incluyen a su cliente.
“Le puedo decir que los elementos que el Ministerio Público iba a acusar ya están claros en el sentido que piensan que lo que se falló fueron las garantías. Al principio decían que hubo un crédito fraudulento para que JCB aprovechara para no pagar. Ahora al final el Ministerio Público dice que el crédito no es el problema sino que un perito valoró mal las garantías del crédito. Ahora vamos a ir a ver si el perito valoró bien”, indicó el defensor.
“El Ministerio Público tendría que explicar qué tiene que ver Juan Carlos Bolaños. Piensan que cada vez que funcionario se equivoca es porque él los amenazó, porque pagos y ventajas económicas se ha comprobado que no han existido”, concluyó.
