Paula Ruiz
Las federaciones universitarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) catalogaron como inconstitucional la propuesta de ley del Poder Ejecutivo relacionada con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La iniciativa se firmó este miércoles en conferencia de prensa por parte del presidente Rodrigo Chaves, pero el documento fue presentado por el Gobierno hasta este jueves a la corriente legislativa.
Para los universitarios, el plan de Chaves “viola lo establecido en la Constitución Política correspondiente al financiamiento de las universidades estatales y la autonomía de las Universidades Públicas establecida en ella”.
Los estudiantes hicieron un llamado a los diputados para rechazar “esta nefasta propuesta”.
“Somos conscientes de la necesaria revisión de la distribución del FEES, por eso desde la Confederación Estudiantil desde el mes de junio se solicitó una comisión para que analice este tema, la cual fue aceptada por Conare, por lo que esta acción ya se está trabajando desde las Universidades Públicas en el marco de su autonomía y el resguardo de su quehacer”, dice el comunicado conjunto.
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El artículo 85 de la Constitución Política señala que el Estado dotará los recursos para las universidades públicas.
Además, destaca la creación del FEES administrado por el Banco Central.
“Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”, destaca la Carta Magna.
En esta misma materia, establece que el Poder Ejecutivo deberá incluir los recursos para las universidades estatales mediante el Presupuesto Ordinario y, en caso de diferendo entre ambas partes por lo presupuestado, le corresponderá a la Asamblea Legislativa resolverlo.
¿Qué dice el proyecto?
El plan busca establecer el FEES mediante Ley, pese a la disposición constitucional.
En el artículo 1, establece que el fondo deberá promover becas, regionalización y la inversión en infraestructura física.
Asimismo, contrario a lo establecido en la Constitución Política, obliga a que cualquier excedente debe pasar a caja única del Estado.
La iniciativa gubernamental, también crea el Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal que se encargará de promover, fiscalizar y evaluar los resultados de la Educación Superior.
Este órgano estará integrado por los rectores universitarios y cuatro ministros, específicamente, Educación, Hacienda, Ciencia y Tecnología y Planificación.
“Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo. Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio”, señala el expediente.
Asimismo, especifica los criterios para la distribución del FEES con base en aspectos como la calidad de los profesores, la propuesta académica, la regionalización, entre otros.
Por otra parte, obliga a las universidades a rendir un informe financiero de ejecución de los recursos a la Contraloría General de la República (CGR) y deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley pretendida.
El Gobierno defiende que con esta propuesta se va a garantizar la adecuada distribución de los recursos.
“La ley que hoy proponemos establece que el FEES tendrá como prioridad el fortalecimiento de las sedes regionales de las universidades, la promoción de becas, la inversión en infraestructura física y equipamiento”, aseguró Chaves.
Mediante un comunicado de prensa emitido por Casa Presidencial, se señala que también se busca “la prohibición expresa del mal uso de los recursos públicos”, aunque, no detallan si han tenido acceso a datos o información que indique un mal uso de dinero en el FEES.
