AFP
(Washington). Un grupo de 12 exfuncionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en una carta enviada al organismo los “abusos de poder” y “humillaciones” que sufrieron por parte del jefe de este ente, cuyo mandato está en entredicho, luego de que el jefe de la OEA se negara a prorrogarlo.
La continuidad a la cabeza de la CIDH del brasileño Paulo Abrao está en duda después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se negara a renovarlo para un segundo mandato debido a que tiene decenas de denuncias administrativas en su contra, en un proceso que es confidencial.
Almagro reveló la semana pasada que algunas de las quejas son por maltrato laboral, en sintonía con lo que describen 12 exfuncionarios de este ente autónomo de la OEA que señalaron que esto los obligó a dejar la CIDH “por no ver otra salida”.
“Los hechos denunciados por nosotros/as refieren a abuso de poder, hostigamientos, retaliaciones, humillación pública, sustracción de funciones injustificadas, pérdida de cargos, y discriminación en relación con otras personas de cargos similares”, señalaron los funcionarios en una carta enviada a la Comisión a la cual tuvo acceso la AFP.
Los exempleados también señalaron que temían denunciar los hechos por miedo a “sufrir retaliación por parte del Secretario Ejecutivo y el personal de su confianza”.
Debido a esto acudieron a Almagro y a la Ombusdperson de la CIDH para efectuar las denuncias de forma anónima.
Pese a la polémica y a las críticas por su decisión, Almagro reiteró el viernes pasado que no renovará a Abrao.
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El sábado, la CIDH llamó a un “diálogo institucional respetuoso y veraz” entre los distintos órganos de la OEA, pidiendo que se reconozca su independencia y autonomía y que se reconozca el derecho a presentar denuncias por cualquier forma de acoso.
Por último pidió se respete el “derecho al debido proceso de quienes eventualmente sean denunciados por violaciones a los derechos de trabajadoras y trabajadores, en este caso del Secretario Ejecutivo”.
La semana pasada, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por Michelle Bachelet, llamó a una solución urgente y advirtió que la pugna corre el riesgo de minar la “independencia” de la CIDH y advirtió que “está causando daños a la reputación de la OEA”.
La decisión de Almagro recibió una ola de críticas de organizaciones de derechos humanos como Human Right Watch (HRW) que dijo que “usar una investigación administrativa como pretexto para socavar la autonomía de la CIDH, amenaza la credibilidad de una institución vital”.
La semana pasada Argentina y México se expresaron en contra de la decisión de Almagro.
Los firmantes de la carta -que advirtieron que no representan a todas las personas que presentaron denuncias y quejas- afirmaron que “calificar al Sr. Abrao como una víctima de persecución política, es también revictimizante”.
