Tomás Gómez
Esta mañana, el extesorero del Partido Acción Ciudadana (PAC), Óscar Fernández, se presentó ante los diputados que investigan el financiamiento de las campañas presidenciales de Ottón Solís. El militante buscó convencerles de que las irregularidades habían comenzado en el 2009. Pero terminó siendo convocado a una segunda comparecencia por las dudas que generó su presentación.
Armado con estados financieros y fotocopias, Fernández fustigó los contratos por servicios profesionales de las elecciones del 2010, a los que definió como una “simulación de gastos con el propósito de cobrar deuda política”.
Según el extesoerero son convenios que podrían anularse fácilmente. Como razones indicó:
- no especifican las tareas a cumplir
- no tienen fecha de firma
- no queda claro el proceso de selección
Amparado en los estatutos rojiamarillos, el exdirigente fue especialmente crítico con Margarita Bolaños, entonces Secretaria General y representante del PAC.
“Es la firma de quien representa y compromete al partido”, señaló.
Fernández aseguró haber estudiando por su cuenta los contratos cuestionados, llegando a afirmar que fueron firmados a destiempo.
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Mañana de dudas
La similitud entre los contratos del 2006 y el 2010 son parte de los elementos por los cuales los diputados insisten en cuestionar todas las campañas de Ottón Solís y no solo la tercera, por la cual el PAC fue condenado. (El Observador)
Finalizada la intervención del extesorero, los diputados tomaron la palabra para cuestionar los procedimientos del partido en el 2002 y sobre todo en el 2006, cuando Fernández estuvo a cargo de las finanzas.
Según el liberacionista Gustavo Viales los contratos del 2006 y el 2010 son iguales, se usó el mismo sistema de pago con bonos y tenían las mismas falencias. Mencionó que incluso algunos de los firmantes se repetían en ambos procesos.
“Don Óscar no pudo identificar quién buscó a las personas, quién fijó los montos, quién distribuyó las funciones. Hubo un total desorden al inicio y se repitió en el 2006. Podemos inferir de que era el mismo patrón que se venía siguiendo”, dijo el legislador.
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EL PLN fustigó que las falencias e irregularidades se repiten en contratos del PAC de varias campañas. (El Observador)
El diputado del Partido Republicano Social Cristiano, Dragos Dolanescu puso en tela de duda que las operaciones eran similares, pero solo se juzgaran las últimas. “En el 2006 no se dieron cuenta”, irónizó.
Dolanescu preguntó también sobre los asesores legales del PAC en el 2006, entre los que Fernández citó a Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia en la administración de Luis Guillermo Solís; Elian Villegas, actual presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS); y Rodrigo Alberto Carazo, embajador ante Naciones Unidas.
Tras las interpelaciones, Viales, presidente de la Comisión, determinó una nueva convocatoria a Fernández, pues los datos aportados requieren más análisis.
El grupo de diputados acordó también pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un estudio sobre las cédulas de los firmantes de los contratos, pues según el extesorero algunos de los contratos fueron respaldados con documentos de identidad sin validez al momento de la firma.
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El PAC en el banquillo
Tras un proceso judicial extenso, se determinó que el PAC liquidó contratos por servicios que se dieron de forma voluntaria. Por ese hecho se presentó en primera instancia una condena por ¢352 millones. Luego el Tribunal de Apelación la incrementó a ¢516 millones.
El monto deberá ser revisado por orden de la Sala III, quien fue enfática en que sí hubo delito. La Procuraduría General de la República ya dijo ante la misma comisión legislativa, que el monto final al incluir costas e intereses, ascendería a ¢800 millones.
Los mismos magistrados mantuvieron las condenas de seis años de prisión contra el extesorero del PAC Maynor Sterling, y de 3 años contra Manuel Antonio Bolaños, exfuncionario de la agrupación.
En el Poder Legislativo se abrió una comisión especial de investigación, en la cual se profundiza sobre los mismos hechos.
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