Tomás Gómez
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este lunes una querella por 5 delitos y ¢25 millones en contra del exmagistrado Celso Gamboa, el importador de cementro Juan Carlos Bolaños y el primo de este, Javier Rojas.
Semanas atrás la Fiscalía anunció que la acusación ya estaba lista y que la Procuraduría debía decidir si, como abogada del Estado, se sumaba el proceso en condición de víctima, lo que finalmente sucedió.
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Según el escrito, los actos de los acusados habrían configurado los supuestos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio,incumplimiento de deberes, tráfico de influencias agravados y fraude de ley tipificados por el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción.
En la misma línea se pidió la suma millonaria como acción civil resarcitoria.
Lista de reclamos
El proceso judicial contempla parte de los hechos del escándalo conocido como “Cementazo” donde figuran comerciantes, políticos y altos mandos del Poder Judical.
La Fiscalía cuestiona el viaje del exmagistrado Gamboa a Panamá, – pagado por una empresa de Bolaños – lo que a su criterio fue una dádiva por sus actuaciones a favor de Bolaños. Dicho traslado se realizó del 9 al 10 de octubre del 2016.
«En apariencia, como resultado del beneficio otorgado, el exmagistrado efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala de Casación Penal, al no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación de la causa 15-000022-0033-PE, en la que se señaló a los exdiputados (Víctor) Morales Zapata y (Otto) Guevara Guth, además de los imputados (Wálter) Céspedes Salazar y Bolaños Rojas, por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de este último», explicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Según la revisión, los tiquetes y el hospedaje fueron pagados por el imputado Rojas, que fungía como gerente de los negocios de su familiar Juan Carlos Bolaños.
Mientras a Gamboa se le señala por el presunto delito de cohecho impropio; a Bolaños se le achaca el supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio; y a Rojas por presunta penalidad del corruptor en calidad de cómplice.
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Visita polémica
La acusación también cuestiona los hechos ocurridos el 18 de abril del 2016, cuando en apariencia el exmagistrado y el importador se encontraron en las afueras de los tribunales de San José.
Se cree que Gamboa, en su condición de juez de la Sala III, dirigió y acompañó a Bolaños hasta el área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, donde en el escritorio de la Coordinación Judicial se sospecha que Bolaños solicitó que se emitiera un documento, en el que constaba que no existía ninguna causa abierta en su contra, gestión que fue realizada.
Según la Fiscalía el exmagistrado habría impuesto su condición de jerarca del Poder Judicial, para conseguir una ventaja indebida en favor de Bolaños, por lo que le acusa además por el presunto delito de tráfico de influencias.
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Testimonios en duda
El estallido del escándalo motivó investigaciones tanto en el Poder Judicial como en la Asamblea Legislativa, donde Gamboa y Bolaños dieron explicaciones que ahora los tienen en problemas.
En el caso del exmagistrado, la Fiscalía señala que faltó a la verdad estando bajo fe de juramento, pues habría mentido en algunas de sus afirmaciones sobre la compra del boleto y hospedaje en Panamá, así como sus traslados en ese país, y acerca de la frecuencia de su contacto con Bolaños. Por ello la Fiscalía le imputa el presunto delito de perjurio.
Para Bolaños, el reproche surge por detalles dados bajo fe de juramento al órgano interno del Poder Judicial que estudiaba las actuaciones del exmagistrado.
«En apariencia, el importador de cemento mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, entre otros, acerca del tiempo que tenía de conocer al entonces magistrado Gamboa y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá y el desconocimiento de la forma de pago del tiquete y hospedaje», detalló el ente acusador.
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Lo que sigue
Los escritos de la PGR se sumarán ahora a los de la Fiscalía para presentar la acusación completa en contra de los tres señalados.
El expediente será visto por el Juzgado Penal de Hacienda, instalando en Goicoechea.
Una vez visto el caso los jueces convocarán a audiencia preliminar para ver los detalles iniciales y decidir si la causa se eleva a juicio.
