Christine Jenkins Tanzi
El financiamiento del Gobierno para el 2020 será posible, siempre y cuando se consiga el acuerdo prometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo con economistas consultados por este medio.
Este jueves el Gobierno presentará su propuesta para acceder a un convenio con el FMI por $1.750 millones, bajo un programa de Servicio Ampliado (Extended Fund Facility o EFF por sus siglas en inglés).
Aunque se alcance un acuerdo este año, como pretende el Gobierno, los primeros fondos se desembolsarían hasta el 2021. A pesar de eso, los analistas señalaron que el convenio es necesario para darle confianza al mercado de que se alcanzará la sostenibilidad fiscal, tanto este año como el próximo.
Las necesidades de financiamiento del Gobierno vienen en aumento, pasando de alrededor de un 13% de todo el producto interno bruto (PIB) del país en el 2019, a un 14% en el 2020 y un 15% en el 2021.
Sin embargo, para este año el Gobierno lograría reducir la cantidad que necesita financiar en el mercado local a solo 7% del PIB este año, debido a los préstamos multilaterales y los primeros $505 millones del préstamo rápido con el FMI.
Para cerrar el financiamiento del 2020, faltarían colocar alrededor de unos ¢800 mil millones en el mercado local y cerrar un poco más de $1.000 millones en créditos multilaterales, explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda, este 9 de setiembre.
Más allá de eso, para el 2021 será vital no solo el primer tracto de $600 millones que entrarían de un convenio con el FMI, sino que eso renueve la confianza en el país para hacer una nueva emisión de eurobonos de entre $1,000 millones y $1,500 millones, según explicó Villegas durante una conferencia virtual con la Cámara de Fondos de Inversión (CAFI).
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Fondos de pensiones
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supen), señaló que ante la caída en el empleo debido a la pandemia de COVID-19, los fondos de pensiones han presentado un momento difícil.
Con esto, el Gobierno no ha podido contar con la misma participación de los fondos de pensiones en sus subastas y compras de deuda pública. Más bien, el principal régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá que agotar los intereses que recibe de las inversiones para pagar las pensiones durante el 2020.
“El tema relevante que viene son las fuertes necesidades de financiamiento que sigue reflejando el Ministerio de Hacienda, que son casi históricas para este segundo semestre, y que esperamos que los créditos de apoyo presupuestario y el resto de cosas se puedan ir materializando para poder superar estas importantes torres del año 2020 y del 2021”, explicó Aguilar en una entrevista.
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Sin embargo, justamente en un momento en que el Gobierno tiene mayores necesidades, los fondos de pensión están presentando una caída o un menor crecimiento producto debido a los problemas en el mercado laboral por la pandemia.
“Esperamos que no se vaya a generar ahí una tensión. Eso diría que es un tema importante, las fuertes necesidades de financiamiento, la situación particular de Costa Rica en dónde prácticamente todo ese financiamiento tiene que hacerse en el mercado interno, si quitamos los préstamos de apoyo presupuestario”, dijo Aguilar.
Ajuste de aquí a diciembre
José Luis Arce, director de Análisis & Estrategia en FCS Capital, coincidió en que el financiamiento del 2020, aunque aún no está totalmente resuelto, se ha beneficiado de una mejora en la perspectiva durante los últimos meses.
“El mercado local ha estado medio reticente a financiar al Gobierno. En abril y mayo estuvo muy seco el mercado local, pero otra vez se ha recuperado y los que están financiando actualmente al Gobierno son los bancos, que no están dando tanto crédito y están llenos de liquidez”, comentó.
“Pero los operadores de pensiones y la otra parte del sector privado, como inversionistas individuales, prácticamente no han aumentado su tenencia de deuda pública y además también puede ser que tengan menos apetito por ese riesgo o también que hay menos cotizaciones, menos ingresos”.
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“La capacidad para comprar más deuda también ha disminuido. Efectivamente eso es una fuente de tensión para el Gobierno, porque genera menores espacios de financiamiento”, agregó.
Los próximos tres meses serán cruciales, mientras inicia la negociación formal con el FMI y se discuten medidas como nuevos impuestos y potenciales aumentos de gasto. Noticias negativas sobre el acuerdo con el FMI, como fracciones o grupos “rebeldes” o atrasos en la negociación, podrían nervioso al mercado y afectaría el acceso a financiamiento del Gobierno.
“Algo que podría pasar pero le asignaría una probabilidad bajísima, es que no hubiera acuerdo con el Fondo y ahí le digo de verdad, hay que amarrarse los cinturones porque entonces el proceso de ajuste tendría que hacerse sin financiamiento externo, y eso es más duro”, comentó Arce.
Como consecuencia de ese escenario “nada placentero”, sería muy probable reducción de calificación crediticia y que se complique el financiamiento interno y externo, agregó.
Christine Jenkins Tanzi
