Empresarios piden excluir al diésel de iniciativa para financiar subsidios a afectados por coronavirus

El sector empresarial no está del todo de acuerdo con el proyecto de ley 21.909, que pretende modificar la metodología de fijación de precios de los combustibles, para poder aprovechar el diferencial y pagar subsidios a personas afectadas económicamente por la crisis de COVID-19.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) piden que el diésel sea excluido del proyecto, al ser uno de las gasolinas más utilizadas por el sector productivo.

“El Gobierno debe aprovechar la coyuntura internacional de los bajos precios del combustible, para garantizar una reducción en el valor del diésel, que beneficie a los sectores más pobres del país”, señaló Uccaep.

Según los empresarios, el diésel no es un bien de consumo, si no de producción e incide directamente sobre el precio de la canasta básica. Los empresarios insisten en que al bajar el precio el diésel, se reducirán los costos de transportes de carga, el servicio público, la producción agrícola y otros bienes.

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Transporte público

Canatrans advirtió que el proyecto podría agravar la situación del sector transporte público, que ya reporta más de 1.500 despidos. Según la agrupación provocaría un efecto negativo sobre todo en las pequeñas y medianas empresas de transporte.

“En momentos de crisis donde el sector productivo está sosteniendo al país a pesar de las complicaciones y la drástica reducción en la demanda de los productos y servicios, consideramos que el proyecto no es viable en el tanto se incluya al diésel, el cual es el producto que más utilizan sectores como el transporte público”, explicó Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara.

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El diputado socialcristiano Erwen Masís también se opone a la inclusión del diésel. Aseguró que al impactar dicho combustible se generarían desventajas para los consumidores en cuanto a las tarifas de los pasajes y el aumento de precios en los encadenamientos productivos.

El proyecto 21.909, Ley de Protección a las Personas Trabajadoras Durante la Emergencia por la Enfermedad Covid-19, pretende detener los rebajos en el precio del combustible y obtener recursos para el financiamiento de subsidios.

Pese a que los combustibles deberían estar a menores precios por el derrumbe de los precios del petróleo en el mundo, la propuesta del Poder Ejecutivo congelaría las tarifas de manera que la diferencia entre el precio real del combustible y su costo de venta genere los recursos para la entrega de asistencias sociales.

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