Desde la Columna
Roberto Artavia. Presidente de Viva Trust
Se le atribuye a Winston Churchill haber dicho algo como, Algunos ven la empresa privada como un depredador que debe ser aniquilado. Otros lo ven como la vaca que hay que ordeñar para su propio beneficio. Pero no suficientes, lo ven como el caballo robusto que tira del carro del desarrollo. No lo pongo en comillas pues la traducción es mía y constituye como tal una paráfrasis, más que una cita.
Sin embargo, no me cabe duda alguna de que en nuestro país, hay muchos que piensan como los del primer grupo, abundan los segundos y escasean los del tercer grupo que la frase describe.
Hay algunos, pocos por suerte, que estarían felices de ver a la empresa productiva colapsar a favor de una planificación centralizada, control de los medios de producción por el Estado y distribución de la riqueza en función de objetivos ideológicos y políticos. Ese es el modelo de la China de Mao, de la antigua Unión Soviética, de Cuba, y hoy de Venezuela. El resultado siempre ha sido el mismo. Unos meses o pocos años de trabajo ilusionado de idealistas, para luego caer en el total colapso de la producción –y por tanto de la economía–, y de ahí a la corrupción del aparato central y al empobrecimiento masivo, ha sido cuestión de tiempo.
El segundo grupo es más complejo. Son grupos de interés caracterizados por el empleo público o por pertenecer a otros grupos –sindicatos de entidades públicas, empleados de entidades autónomas, universidades públicas, algunos partidos y movimientos políticos y algunos otros grupos organizados alrededor de un Estado benefactor–, que ven la empresa privada como lo que es: fuente de creación de riqueza, empleo, productos y servicios que mejoran la calidad de vida; procesos que permiten utilizar mejor los recursos del país; pero que en vez de unirse a ellos para hacer todo lo anterior de la mejor manera posible, se sienten con el derecho de vivir a sus expensas por la labor que realizan.
Esto hay que explicarlo mejor.
Hay ciertos controles y procesos que crean valor a la ciudadanía y a las organizaciones de una nación. Por ejemplo, la educación y la salud públicas, la seguridad, la justicia y el control de cuentas crean valor, pues resultan en mejoras en las capacidades y productividad de cada joven que educan; ayudan a mantener la salud y el bienestar de las personas; protegen a los ciudadanos, sus activos y estilo de vida; garantizan que cuando se rompe el contrato social, habrá sanciones para los culpables; y mediante controles bien pensados fomentan la transparencia y la rendición de cuentas.
Los miembros del segundo grupo –los que ven a la empresa privada como una vaca que se debe ordeñar para su beneficio– argumentan que su labor en el Estado, como coordinadores, reguladores y redistribuidores de riqueza, les da derecho a una compensación alta. Hasta ahí su argumento es, más o menos, aceptable. Y lo sería siempre, si esa labor de servicio público le creara valor al conjunto de la sociedad más allá de la compensación que reciben. Los llamados excesos de burocracia se dan cuando el trabajo de dichos empleados públicos empieza a costar más que el valor que crean o, peor aún, cuando empiezan a destruir valor en vez de crearlo.
Cuando pese a un gasto creciente, la educación no mejora en calidad y cobertura; por ejemplo, entonces el Estado deja de crear valor en proporción a lo invertido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un sistema de justicia que permite impunidad por prescripción de los crímenes o que discrimina entre imputados por su condición socioeconómica. Las burocracias ineficientes –algunas incluso inoperantes– destruyen mucho valor cuando no cumplen con la misión para la que fueron creadas. Y cuando lo hacen compensando desproporcionadamente a sus empleados, destruyen mucho más, pues cada uno de los recursos pagados en exceso implica un enorme costo de oportunidad para el conjunto de la sociedad.
Y desafortunadamente hay una alta proporción de nuestra burocracia cuyo costo excede ampliamente su creación de valor.
La empresa productiva, por su parte, es destructiva de valor cuando opera en alguna forma de corrupción: por ejemplo, mediante contrabando o subfacturación; incumplimiento o evasión de obligaciones legales, fiscales y/o sociales; o cuando destruye o afecta la naturaleza en forma desproporcionada al valor que crea, como la pesca de arrastre, para citar un ejemplo.
Quise empezar por esa descripción de empresas que también destruyen valor, porque las hay y muchas.
Sin embargo, el gran grueso de la empresa productiva crea enorme valor al llenar necesidades de consumo y servicios de la población y de otras organizaciones; crea aún más al innovar e invertir en nuevas tecnologías y procesos para hacer un uso más eficiente de cada recurso a su disposición; y todavía más al cumplir con sus obligaciones fiscales y sociales, aportando al Estado, a las municipalidades y a otras instituciones como la CCSS, el INA, el Banco Popular y el Movimiento Solidarista los recursos que requieren para cumplir con sus propias misiones. Algunas dan aún más a sus sociedades por medio de iniciativas de responsabilidad social y filantropía empresarial.
Los ciudadanos también pagamos impuestos y otras cargas, y hacemos trabajo voluntario; pero esto solo es posible por la compensación en salarios y dividendos que emanan de la acción de las empresas o de los mercados financieros, alimentados ellos mismos con acción y flujos empresariales.
Aún una enorme parte de la empresa informal crea valor más allá del costo de oportunidad de sus recursos, pues alivian necesidades de muchos miles de familias que –precisamente por los altos costos causados por la burocracia– tienen que operar en esta forma para generar los recursos que necesitan para su subsistencia.
Pero entonces, para que quede muy claro: es en la inversión privada –generadora de empleo y salarios, bienes y servicios, impuestos directos e indirectos, e innovaciones para hacer mejor uso de los recursos– donde se genera la base de capital que le permite al Estado, al gobierno, a las municipalidades y a una buena parte de las organizaciones públicas funcionar.
No es al 100% del Estado pues hay algunas empresas públicas como el ICE, el INS, RECOPE, JAPDEVA o los bancos del Estado, entre otras, que reciben ingresos por servicios prestados o bienes vendidos y, al hacerlo generan ingresos y utilidades; muchas veces ayudados por leyes que les garantizan acceso a un mercado cautivo representado por el mismo Estado y sus instituciones; controles de precios y proteccionismo estructural en la forma de normas y regulaciones que impiden una competencia abierta, lo que termina por causar monopolios u oligopolios que explotan el mercado en perjuicio de los ciudadanos y empresas del país. Por ejemplo, el costo de algunos servicios portuarios, de los combustibles, de los seguros obligatorios, o de la electricidad son excesivos precisamente por las leyes y marcos regulativos que los protegen.
Pero para mayor claridad aún. El salario de los ministros, diputados, jueces y fiscales; de los empleados públicos y municipales; y sí, los de algunas entidades autónomas y reguladoras, los pagamos –a través del ministerio de Hacienda o impuestos indirectos– los ciudadanos físicos y jurídicos del país y, en particular, los llamados grandes contribuyentes, que precisamente se incluyen en dicho grupo por la magnitud relativa de sus contribuciones fiscales, que son grandes porque generan grandes volúmenes de actividad productiva y comercial.
En un mundo ideal el Estado y las municipalidades solo debieran gastar e invertir en aquello que genera creciente bienestar humano y progreso social, creciente productividad, y mayor sostenibilidad. Ninguna otra inversión o gasto se justifica y menos aquellos que paguen de más a tareas y procesos que destruyan valor para la sociedad.
Pues bien, en la Costa Rica de hoy, por medio de salarios excesivos, pensiones “de lujo”, y beneficios desproporcionados; todos los costarricenses estamos pagando de más a nuestro sector público. Y no sólo porque los impuestos han crecido como proporción de la producción, sino porque nuestros gobernantes se han endeudado internacionalmente para llenar necesidades de ese flujo estatal gigante que han creado. Esto nos obliga a dedicar una proporción creciente del gasto estatal a pagar intereses de una deuda demasiado alta. Deuda que además se ha usado para satisfacer demandas de los empleados públicos, más que para llenar necesidades del sector productivo o de los ciudadanos en general.
La solución es compleja y cada vez más difícil, no sólo por la resistencia de quienes son claros ganadores de esta situación; sino porque la solución requiere de cambios estructurales en el Estado, en la cantidad y reglas aplicables al empleo público, y en disponer de una parte de nuestro patrimonio que –sin vender las joyas de la familia– haga un uso creativo de sus recursos institucionales y nacionales para alivianar la enorme carga que la operación y deuda del Estado significa para cada persona y empresa del país.
Y esto es para ya.
No tenemos idea de cuándo una segunda pandemia, o un abominable acto de terrorismo, o la simple inercia de esta crisis sobre los mercados financieros, nos vaya a exigir más. Pero debemos estar listos, y esto significa hacer una restructuración importante de nuestro Estado y empleo público; mejorar la calidad y profundidad de los servicios públicos que sí crean valor; crear las condiciones para que muchos más –nacionales y extranjeros– quieran invertir en nuestro país; y asegurarnos que cada ley, regulación, gasto y/o inversión del Estado y sus instituciones impacte el bienestar, el progreso social, la productividad y/o la sostenibilidad.
La empresa privada es el caballo robusto que tira del carro del desarrollo. No tiene sentido empedrarle el camino; cargarle el carro con deudas, gastos e inversiones que hacen más lento su avance; y mucho menos arriesgarse a agotar el caballo y así dejar el carro estancado y abandonado a su suerte.
Desde la Columna
