Christine Jenkins Tanzi
«Esperábamos un golpe mayor en el desempleo».
La frase del presidente Carlos Alvarado fue una de las más polémicas de la semana al referirse a la cifra de desempleo del 15,7%, la más alta de los últimos 10 años. Durante la conferencia de prensa de este jueves, Alvarado luego intentaría explicar que en algún momento se estimaba que el desempleo podría duplicarse a 25% durante la emergencia sanitaria, por lo que el resultado era mejor del esperado.
Sin embargo, los datos de empleo publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abarcan los primeros meses de la presencia del COVID-19 en el país: febrero, marzo y abril. Esto incluye mes y medio antes de que se decretara la emergencia sanitaria el 16 de marzo, la mitad del periodo.
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Rápidamente los empresarios y economistas que la verdadera cifra actual sería mucho mayor y no se reflejarían hasta en la medición publicada dentro de dos meses, que abarque las estimaciones para abril, mayo y junio.
Aún así, la población desempleada se estimó en 379 mil personas, 102 mil personas más en comparación con los mismos tres meses durante el año anterior. La reacción rápidamente convirtió en tendencia la frase #caradebarro en el país ese día en Twitter.
Además, la cifra de desempleo no contempla a las personas con jornadas y salarios reducidos, que para el final de abril alcanzaban 91.500 personas. Ese número ha seguido creciendo, superando 140.000 trabajadores en la última medición del 18 de junio del Ministerio de Trabajo.
Polémicos comentarios
Cerca de 62.000 trabajadores han tenido sus contratos suspendidos desde marzo con otros 140.000 que han tenido sus jornadas reducidas. Las medidas implementadas permiten la reducción temporal de hasta un 75% de las jornadas de trabajo semanales para las empresas con una disminución en sus ingresos brutos de al menos 60%.
Las cifras del INEC también mostraron un aumento en el subempleo, de las personas que trabajan menos de 40 horas por semana aunque están disponibles y quisieran trabajar más. Esa cifra alcanzó 14,9% de la población ocupada durante los meses de febrero marzo y abril del 2020, comparado con 9% en el mismo periodo del año anterior.
Pese a ello, Alvarado destacó la cifra de desempleo como positiva, aduciendo que la reducción de jornadas y salarios evitó mayores despidos y asumiendo que las personas suspendidas recuperarían su trabajo al retomarse algunas actividades con una nueva fase de medidas a partir del sábado 20 de junio.
Esta reapertura se cancelaría un día después de los comentarios de Alvarado, al reportarse un record de casos diarios.
«Hoy hay 140 mil trabajadores que no se sumaron al desempleo porque con esta acción se logró preservar esos empleos y se está trabajando, para eso son estas fases de reapertura, para que se puedan recuperar sus jornadas», alegó Alvarado.
«En otros 60 mil lo que se hizo fue una suspensión del contrato, y también necesitamos avanzar en estas fases para recuperar ese empleo (…) Las acciones tomadas mitigaron los efectos para que no sea un desempleo mucho mayor, como se había esperado», agregó.
Estas cifras no incluyen los despidos, que no se deben reportar al Ministerio de Trabajo, ni la desocupación de los empleos informales.
Incluso, las propias cifras del Bono Proteger del Ministerio señalan que 954.000 personas han solicitado el Bono Proteger al considera que sus ingresos o trabajos fueron impactados por la pandemia, incluyendo 365.000 trabajadores independientes y 222.000 trabajadores temporales e informales.
Otro tipo de subsidio
Uno de las críticas de los economistas a programas como Proteger es que no incentiva que los trabajadores sigan laborando. El programa le paga un bono de ¢125.000 por mes a los trabajadores suspendidos, con lo que protege a las personas pero no a los empleadores con ingresos drásticamente reducidos.
Es decir, el subsidio se entrega a las personas que no están trabajando, o que trabajan menos horas, a diferencia de los programas implementados en otros países con subsidios que pagan aunque sigan trabajando para empleadores impactados por la pandemia.
Geaninna Dinarte, ministra de Trabajo, defendió las medidas que han permitido que los trabajadores tengan algún ingreso mensual ante el freno de la economía.
“Esto no es un mecanismo de desestímulo al regreso al trabajo, es un mecanismo de alivio, para las personas que hoy por múltiples razón tiene una afectación laboral”, dijo Dinarte.
“No todas las empresas se pueden mantener porque las personas tengan una transferencia, o un subsidio salarial, eso es una premisa que no es correcta porque recordemos que la forma en que una empresa puede recuperarse, pasa por el tema de la demanda”, consideró.
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“Si las empresas, por toda la afectación económica generalizada que tenemos tanto en el país como en el mundo, no tiene demanda, simple y sencillamente aunque se estuviera dando un subsidio salarial, no necesariamente va a poder recuperarse y volver a la actividad”, agregó.
Sin embargo, justamente se está diseñando un programa parecido al ‘Bono Proteger’ para el sector turismo que apoyaría a los empleadores de micro, pequeñas y medianas empresas, según según Alberto López, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El proyecto va a permitir trasladar recursos no reembolsables a cerca de 1.300 empresas declaradas turísticas ante el ICT, entre ellos hoteles, agencias de viaje, transporte turístico.
Dependiendo de la cantidad de solicitudes, se les brindaría un monto cercano a ¢2,5 millones por cinco o seis meses por medio de la plataforma del Ministerio de Trabajo, con la intención de que sean canalizados exclusivamente para el pago de salarios.
Después de tres meses sin turistas extranjeros, estas empresas han intentado abrir para un mercado reducido local, en muchos casos luchando por tener suficientes ingresos para pagar sus planillas y otros gastos.
Christine Jenkins Tanzi
