Paulo Villalobos
Cuatro causas penales y nueve canónicas marcan el pasado reciente del exsacerdote Mauricio Antonio Víquez Lizano.
Todas ellas atribuyen al religioso aparentes violaciones y abusos sexuales de menores de edad, en su mayoría exmonaguillos de las comunidades de Patarrá de Desamparados, San José, y Tres Ríos de La Unión, Cartago.
La primera de las quejas interpuestas contra el excura data de 2003; sin embargo, la misma no es considerada como una denuncia por la Iglesia Católica, de acuerdo con una relación de hechas suministrada a este medio.
En esa ocasión, tres presuntas víctimas informaron de “actos irregulares” de Víquez, aunque descartaron presentar denuncias.
No sería sino hasta 15 años después que la queja se formalizaría ante una instancia eclesiástica. A partir de ahí, una cascada de señalamientos se vino sobre quien llegase a ser el vocero de la Iglesia Católica en temas de familia.
Sólo una de las denuncias canónicas llegó a la vía judicial. Se trata de una aparente violación, por la que Víquez se dio a la fuga hasta ocho meses; al procurar el vencimiento de una pesquisa abierta el 2 de octubre de 2019.
Otras tres ocuparon de una reforma al Código Procesal Penal que se concretó el 21 de mayo de 2019. Con ella se extendieron los plazos -de 10 a 25 años- para que los afectados por delitos sexuales denuncien los hechos.
Expulsiones: iglesia y academia
Las denuncias interpuestas contra el exsacerdote motivaron una suspensión que acabó por ser definitiva.
Dicha medida cautelar fue impuesta el 27 de julio de 2018; poco menos de dos meses y medio después de presentada la primera denuncia canónica.
Un mes más tarde, el 20 de agosto de 2018, la Iglesia Católica de Costa Rica eleva el caso al Vaticano en Roma, Italia.
Su Congregación para la Doctrina de la Fe acabó por recomendar la expulsión de Víquez; decisión que se concretó el 25 de febrero de 2019.
La Universidad de Costa Rica (UCR) decidió separar al cura el 21 de mayo de 2019, cuando tenía poco más de tres meses de no presentarse a sus labores como profesor de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Prófugo de la justicia
Ya para ese momento, el excura tenía 135 días de haber abandonado el territorio costarricense. Lo hizo al salir hacia Panamá el 7 de enero de 2019, de donde posteriormente se dirigió a México.
Su movimiento migratorio se dio luego de que el Tribunal Canónico notificara a Víquez del expediente 18-000854-0994-PE, que se tramita en la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género, según el Semanario Universidad.O
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Entonces quedaban menos de nueve meses para que prescribiera la única actuación delictiva por la que podía ser condenado. En razón de lo anterior, el Juzgado Penal de Desamparados (a cargo del caso) emitió una orden de captura internacional el 19 de febrero de 2019.
No obstante, no sería hasta el 11 de abril de 2019 que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) obtendría información clave para conocer el paradero del exsacerdote. Para esa oportunidad, un reporte confidencial dio cuenta de redes sociales utilizadas por Víquez.
El director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, indicó este lunes que en ellas, el excura publicó información como su segundo nombre, edad, atestados académicos y un comentario sobre la muerte de un familiar.
También se refería al sitio en el que vivía como “la guarida”; un sitio del que hasta ahora no trascendieron mayores detalles, más que su ubicación: municipio de San Nicolás de los Garza, ciudad de Monterrey, estado de Nueva León, al norte de México.
Justamente allí, Víquez fue capturado la madrugada de este domingo 18 de agosto por agentes de la Policía Federal de ese país. Ahora, el detenido permanecerá en el Reclusorio Sur en la Ciudad de México durante los próximos 60 días, mientras se tramita una solicitud de extradición.
Disipado el riesgo
La captura del exsacerdote y el arranque del proceso de deportación acabó con el temor de que el caso principal seguido en su contra prescribiera.
Esto porque al iniciar el Ministerio Público los trámites de extradición, se suspenden el cómputo del plazo de vencimiento, de acuerdo con la fiscala general Emilia Navas Aparicio.
Así las cosas, la prescripción se retomará hasta que Víquez regrese al país, o bien, las autoridades mexicanas rechacen el requerimiento nacional.
Ese proceso de deportación podría tardar entre uno y seis meses, a criterio del exjuez y abogado penalista, Ewald Acuña.
Una vez de vuelta en el país, al excura se le tomará declaración indagatoria, lo que extenderá la vida del procedimiento penal. Además, el religioso deberá hacer frente a -al menos- tres nuevas denuncias.
Paulo Villalobos
