Paula Ruiz
Con un apoyo rotundo, los diputados aprobaron este jueves en primer debate, el proyecto de ley que autoriza al Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio Público a destruir o demoler las pistas de aterrizaje clandestinas.
La iniciativa fue impulsada por Zoila Rosa Volio, legisladora independiente, con la mirada puesta en las drogas y el narcotráfico.
El proyecto obliga al Servicio de Vigilancia a verificar la relación de las pistas en el país con su debida autorización vigente para operar. Adicionalmente, podrá apoyarse en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), municipalidades y guardaparques a realizar reconocimientos permanentes en todo el territorio nacional, lo anterior por la presentación de una denuncia o por patrullaje aéreo.
Volio defendió que el proyecto busca combatir el flagelo de las drogas, así como la trata de personas y armas.
“La mayoría de pistas están en la Zona Sur, en Golfito, Drake y en Guanacaste”, señaló con anterioridad.
En la iniciativa se menciona que Seguridad registra 141 pistas ilegales.
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Pistas identificadas como clandestinas en el país. Foto cortesía diputada Zoila Rosa Volio.
¿Cómo funcionará?
Según indica el texto aprobado, las pistas no autorizadas por el Consejo Técnico de Aviación Civil que se encuentren en propiedad privada, parques nacionales o propiedad del Estado, serán declaradas como ilegales por la Dirección de Aviación Civil mediante acto administrativo expreso.
Luego, el Ministerio de Seguridad deberá notificar al particular sobre esa decisión administrativa al propietario, poseedor o arrendatario del inmueble sobre la ilicitud y condición de la pista declarada como no autorizada.
La persona notificada tendrá un plazo de diez días hábiles para probar la condición de la pista, y el Servicio de Vigilancia Aérea tendrá, a su vez, diez días hábiles para dar una resolución.
Posteriormente, el propietario o poseedor de la pista tendrá un plazo de tres días hábiles para presentar recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la Dirección General de Aviación Civil. Con lo resuelto por dicha Dirección se agotará la vía administrativa y se procederá con lo resuelto por el ente superior, indica el proyecto de ley.
Una vez concluido el proceso, se procederá a inhabilitar, destruir o demoler las pistas identificadas como no autorizadas.
El artículo 10 de la legislación que se pretende, se indica que esa acción podrá hacerse mediante tres métodos:
- Siembra de árboles o palmeras
- Mediante el movimiento de tierra utilizando maquinaria, equipo pesado o cualquier instrumento que permita inhabilitar la pista
- Uso de dinamita
Sobre el uso de la dinamita, se estipula que deberá tener una justificación de los motivos por los cuales se utilizará este método, procurando el menor daño al ambiente y las personas.
“Para este caso en particular, se deberá notificar al propietario el día y hora en el que se realizará el procedimiento. El reglamento de aplicación de la presente ley deberá contener un listado de cuales casos se puede utilizar este método y cómo”, indica el proyecto aprobado.
José María Villalta, diputado por el Frente Amplio, aplaudió la aprobación de esta iniciativa en materia de drogas.
Con él coincidió Carlos Avendaño, legislador de Restauración Nacional, quien consideró que esta era una de las medidas urgentes en contra del narcotráfico.
“Estamos acabando con el vacío legal que impedía eliminar las pistas clandestinas, y con esto, dando un golpe certero en contra del tráfico de drogas y el crimen organizado. Estas medidas son urgentes ante la penetración del narcotráfico en nuestro país, y las redes de corrupción, e inseguridad ciudadana que provocan”, declaró Avendaño.
Su trámite de segundo debate quedó programado para el próximo martes. La iniciativa comenzará a aplicar tres meses después de su publicación como Ley de la República en el Diario Oficial La Gaceta.
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